Cuestionan que el gobierno sólo urbanice cuatro villas porteñas
habitacional que alcanza a dos de cada diez vecinos de la Ciudad.
Buenos Aires es una ciudad tres veces más rica que el promedio nacional pero, a la vez, una de las más desiguales de la región: el 20% de sus habitantes v ive “precar iamente”, según se desprende de un estudio realizado por la fundación Tejido Urbano, una organización integrada por arquitectos, urbanistas y otros actores sociales dedicados a alertar y combatir el déficit habitacional en la Ciudad. Esta semana, la ONG organizó un encuentro en la sede de la Legislatura porteña para trabajar en conjunto con legisladores y el Ejecutivo para discutir, entre otros aspectos, el plan de urbanización de villas que el gobierno porteño lleva adelante.
“El Ejecutivo tomó la decisión de intervenir sólo cuatro (la Villa 31, en Retiro; la Villa 20, de Soldati; la Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero, y la Fraga, en Chacarita) de los 42 asentamientos, pero esa decisión deja a otras villas de distintos tamaños sin atender. El problema es que eso expone el proceso a la reacción de quienes no han sido elegidos, el 70% de la población villera, que en cinco años estarán igual o peor, con los mismos problemas estructurales, como llevar el agua en bidones o la falta de cloacas, y con su población aumentada en 20% a 25%”, explica a PERFIL Pablo Roviralta, titular de Tejido Urbano.
En el encuentro participó, entre otros, el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Ignacio Maquieyra –cargo que el mismo Roviralta ocupó hasta mediados de 2016–, a quien le plantearon que “un 30% del presupuesto del IVC de 2017 fue asignado a la urbanización de las villas y otro 35% a la reparación de complejos habitacionales construidos hace décadas y que se encuentran en muy mal estado. Esto es poco conocido, y menos aún discutido. Para evitar que el Estado siga gastando en edificios que entregó hace cuarenta años, resulta indispensable discutir los ‘cómo’ a la hora de dar respuesta al déficit habitacional. La Ley 341 es una excelente experiencia en términos de cooperación pública-privada”. ¿Qué soluciones plantean? “Democratizar las obras: hacer la infraestructura significa normalmente el 30% del conjunto de una urbanización, es lo más barato y lo primero que iguala condiciones”, concluyen.