Bonadio sobreseyó dos veces al ex ministro de Planificación
Lo investigaba por sobreprecios en la construcción de la usina de Río Turbio. La Cámara Federal debe decidir si revoca la medida.
La Cámara Federal puede complicar en los próximos días el panorama judicial del ex ministro de Planificación y diputado kirchnerista Julio De Vido por los emprendimientos en Río Turbio: mientras el juez federal Luis Rodríguez analiza la malversación de casi 265 millones de pesos en la frustrada puesta en marcha de la mina de Río Turbio, la Sala II de la Cámara Federal deberá decidir si revoca el sobreseimiento para De Vido por la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio.
Se trata de dos causas que tramitaron por cuerdas separadas aunque ambas ponían bajo la lupa los negocios en esa ciudad santacruceña. La primera, la de la usina, nació en 2009 y el juez Claudio Bonadio sobreseyó dos veces a De Vido.
Bonadio tenía en sus manos la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán que puso bajo sospecha no solo los mon- tos de la obra sino también la licitación en sí y el daño ambiental que generaría la obra. Según planteó Morán, “cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde, y ello sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983”.
Bonadio entendió que no había pruebas contra los denunciados: De Vido, el entonces gobernador Daniel Peralta y sus funcionarios ambientales. Pero la Sala II de la Cámara Federal, por mayoría y con una conformación distinta, resolvió el año pasado reabrir la causa y avanzar con la investigación de los sobreprecios. Con el aval del fiscal Guillermo Marijuan, Bonadio volvió a sobreseer al ex ministro. Pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló en base a un informe de la SIGEN. Dijo que con los adicionales que se pagaron se podrían haber construido “dos centrales termoeléctricas”. El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, entendió que en el proceso administrativo hubo un incremento del 75 por ciento del precio original.
Ahora, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara, deben resolver la apelación: podrían reabrir nuevamente la investigación justo cuando los negocios de Río Turbio, esta vez por la mina, llevaron al fiscal Carlos Stornelli a pedir su desafuero y detención. Esa segunda causa se abrió en 2016 por la denuncia del interventor de YCRT Omar Zeidán. “Las dos causas estaban conectadas. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) estaba con consultora en los dos casos. En los dos casos había sobreprecios”, dijo a PERFIL Morán, el primer denunciante.