No pueden decidir
Es legítimo (y valorable) que los legisladores pongan en discusión la forma en que se ponen a disposición del Poder Judicial, pero esa discusión no puede soslayar el hecho de que los fueros son una institución constitucional para garantizar la libertad del legislador para ejercer su función. La forma en que un legislador se pone a disposición de la Justicia no puede ser decidida de manera unilateral sino que requiere una discusión parlamentaria, con los consensos que eso supone.
Los fueros son una garantía presente en todos los países de los cuales Argentina tomó como base para su diseño institucional, principalmente en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Así, fueron plasmados en el Reglamento Orgánico de 1811, el Pacto de San Nicolás de 1852, y finalmente en la Constitución de 1853. En este sentido, el espíritu de los constituyentes del ’53 fue instituir los fueros para resguardar el correcto funcionamiento del Congreso y plena libertad de los legisladores para el ejercicio de sus
La forma en que un legislador se pone a disposición de la Justicia no puede ser unilateral
funciones, amparándolos de acusaciones falsas o infundadas, denuncias o arrestos arbitrarios por motivos políticos.
Esta semana, el fiscal Stornelli pidió el desafuero de Julio De Vido y la cuestión se puso en tela de juicio. A partir de esta discusión, Sergio Massa y Margarita Stolbizer anunciaron la renuncia a sus fueros.
Los legisladores no pueden renunciar a sus fueros que son una institución constitucional sobre la cual ningún legislador puede decidir por sí mismo: el fuero es irrenunciable. La única forma legal posible es que un juez pida el desafuero y que los dos tercios de la Cámara acceda a ese pedido.
Los fueros exceden la voluntad individual de cualquier legislador. La decisión unilateral de un diputado o senador de renunciar a sus fueros es, en principio, desconocer los mecanismos que la Constitución dispone para que sea desaforado.
Si los legisladores quieren modificar el régimen de fueros no deben renunciar a los mismos, sino encarar los procedimientos legislativos que la Constitución dispone para ello.