Un fiscal busca que la Corte reabra la causa contra Arribas
El fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, buscó ayer que la Corte Suprema reabra la causa contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acusado por un arrepentido brasileño de la causa Odebrecht. Rodríguez y su equipo sostienen que el cierre de la causa contra el funcionario y amigo de Mauricio Macri fue “prematuro”.
Se trata del caso que se abrió contra luego de que uno de los arrepentidos de Odebrecht denunciara que le había hecho diez giros bancarios en 2013, cuando se definía el soterramiento del Sarmiento. Para poder llegar ante la Corte para solicitar que se reabra la investigación, la Cámara de Cásación debe admitir el recurso para que la PIA puede ir al máximo tribunal.
Rodríguez relató en su escrito cómo los jueces que intervinieron y el fiscal ante la Cáma- ra Federal, Germán Moldes, ayudaron a que la causa no pudiera avanzar y fuera cerrada.
El juez Rodolfo Canicoba Corral decidió cerrar la causa a pedido de la defensa de Arribas. Sobreseyó al funcionario en tiempo exprés y archivó el expediente. El fiscal Federico Delgado apeló la decisión. Su superior, Moldes, habilitó a Delgado a apelar, pero después desistió y no apoyó su decisión. La Sala I de la Cámara Federal resolvió en mayo mantener la decisión de Canicoba, sin haber dado intervención a la PIA, que podía defender los argumentos del fiscal del caso a pesar de la negativa de Moldes.
Ante esa situación, la PIA se presentó ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal.Pero la Sala III del tribunal, integrada por Juan Carlos Gemigniani, Angela Ledesma y Eduardo Riggi, se lo rechazó con el argumento de que al momento de los transferencias bancarias, Arribas no era funcionario público y por lo tanto la fiscalía especial que dirige Rodríguez -dedicada a investigar delitos cometidos por funcionarios- no podía intervenir.
Sin embargo, en su escrito de ayer, Rodríguez argumentó que el caso plantea “un escenario de cohecho activo y de codelincuencia que necesariamente debería involucrar a funcionarios públicos argentinos”.
Sergio Rodríguez criticó la decisión que tomaron los jueces que intervinieron