La oposición designó a 33 jueces en una plaza como “Corte paralela”
En un nuevo round de la pelea de poderes en Venezuela, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, eligió ayer a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro ni por los jueces en ejercicio de la Corte, cuya legitimidad dejaron de reconocer la Cámara y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Con la ausencia habitual de los diputados del oficialismo, los parlamentarios de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) aprobaron por unanimidad el nombramiento en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas, después de que presuntos grupos paramilitares chavistas hubieran atacado el edificio legislativo en varias ocasiones.
La oposición venezolana no reconoce la designación de los 33 magistrados que están actualmente en ejercicio por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015, cuando el gobierno perdió las elecciones y los designó en forma exprés antes de la renovación de las bancas.
“No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de la Venezuela violenta y arruinada a la de la paz y la justicia”, dijo Julio Borges, presidente del Parlamento. El diputado Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, recordó que los magistrados designados por la Cámara chavista en 2015 “no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley”, y una vez en sus cargos emitieron “pronunciamientos nefastos” que, en su opinión, desconocieron la voluntad popular.
El diputado se refería a las sentencias dictadas en marzo que usurparon las funciones del Parlamento, una decisión revocada parcialmente tras la crítica de Ortega Díaz, quien denunció la “ruptura del orden constitucional”. En represalia, el TSJ le inició un antejuicio de mérito a la fiscal, que podría culminar con su remoción.
La Sala Constitucional de la Corte rechazó la iniciativa de la oposición y reclamó que los órganos civiles y militares ejecuten acciones de coerción frente a la supuesta usurpación de cargos.