Algo más que un mal ejercicio de la práctica periodística
Tras la polémica entrevista de Periodismo para todos, la autora, que coordinó las recomendaciones de Unicef para este tipo de coberturas, advierte sobre el riesgo de generar estigmas y estereotipos.
Los niños, niñas y adolescentes aparecen muchas veces en la prensa con imágenes estereotipadas que, a fuerza de repetición, se naturalizan. La sociedad crea representaciones sobre determinados grupos: selecciona características que les son propias, las simplifica, las generaliza y les adjudica un juicio de valor. Una de las representaciones que tiene más fuerza y más presencia en los medios es la que vincula a la infancia pobre con la violencia y la delincuencia.
El caso debatido largamente esta semana con relación a la nota emitida en el programa Periodismo para todos, protagonizada por un niño de 11 años que habría confesado frente a cámara haber cometido varios delitos reproduce de manera amplificada los problemas que presenta el tratamiento de estos temas. La recurrencia a fuentes policiales como únicas voces de la noticia, el abordaje del caso o episodio sin investigar el contexto, el uso de términos peyorativos, la falta de mención a la legislación que protege los derechos de los chicos hasta la manipulación efectista y morbosa de la información son lamentablemente elementos comunes en el tratamiento de estos temas.
La vulneración del derecho a la intimidad de los chicos y chicas en este tipo de coberturas merece un párrafo aparte. La difusión de datos como el nombre, el apodo, los grupos de pertenencia o el lugar de residencia o tránsito de chicos en estas circunstancias no hace más que aumentar el riesgo social en que viven. Y en general, la mayoría de las veces hay muy poca preocupación por cuidar este aspecto y respetar la ley. Y aun cuando se oculte la cara, es una intrusión en la privacidad de la cual los chicos no pueden defenderse. El riesgo de esa in- trusión es la criminalización de los niños pobres y marginalizados, la discriminación y la expulsión de cualquier circuito de sociabilidad. Y esa exclusión, que es una doble exclusión, es una marca o etiqueta difícil de sacar.
Por ello, la cuestión clave aquí es comprender que las malas coberturas de estos temas no representan sólo un mal ejercicio de la práctica periodística. La pluralidad de fuentes, la mención a la legislación, la información de contexto, la protección de la identidad de las personas involucradas en hechos violentos deberían ser requisitos mínimos de cualquier cobertura periodística preocupada por darles a los ciudadanos herramientas para un análi- sis crítico de la realidad y sus temas. El principal problema de estas coberturas radica, especialmente, en los estigmas y estereotipos que se construyen sobre los chicos en situación de vulnerabilidad, como el caso del niño en cuestión y en la vulneración de derechos que ello implica.
La asociación entre pobreza, violencia y delincuencia
que abonan estas coberturas termina por construir una sospecha sobre una clase peligrosa, ligada con la pobreza. Se invierte la condición en la que viven: los que están en peligro son vistos como posibles peligrosos. Estas imágenes estereotipadas además naturalizan las inequidades en la distribución de los recursos económicos, educativos, de vivienda y de salud. Vale la pena recordar que el término “pibes chorros”, por ejemplo, surgió de un programa de televisión que tituló así una nota con chicos en estado de vulnerabilidad.
La forma en que se narran los hechos, las presencias y ausencias, tienen un profun-
do impacto en las relaciones que se establecen entre la infancia y el mundo adulto. Si los tratamientos periodísticos refuerzan la construcción del joven pobre como “peligroso” o “violento”, esto encuentra un correlato en la justificación de la represión y las medidas legales e ilegales que se emprenden en contra de los jóvenes y que atraviesan discursos políticos, periodísticos, religiosos y de manera muy fuerte los discursos y las opiniones del común de la sociedad.
En un contexto en el que se discute cada vez más la reducción de la edad de imputabilidad de las personas menores de edad, ninguna cobertura está exenta de responsabilidad.
Por ello, esas coberturas deben respetar de manera ineludible la legislación relativa a la difusión de información que involucra a niños y niñas, los principios que protegen su integridad, dignidad y privacidad; diversificar las fuentes de información para tener una visión plural, amplia y que aporte datos para conocer el contexto de las noticias; trascender la perspectiva focal y abordar el hecho concreto desde sus causas y sus efectos; utilizar un lenguaje respetuoso, inclusivo, que no estigmatice a los chicos por encontrarse en situaciones conflictivas con respecto a la ley. Y finalmente no deben victimizar: cuando un niño, niña o adolescente comete un delito, hay personas que se ven vulneradas en sus derechos, pero esto no quiere decir que los periodistas deban tomar partido por los afectados –es mucho más complejo y profundo el análisis– porque eso refuerza la visión de que la sociedad se divide en víctimas y victimarios.
Los medios masivos de comunicación son espacios de lucha por el sentido y esto implica, siempre, la posibilidad de construir otras representaciones que ayuden a comprender los problemas sociales complejos que nos afectan como sociedad sin simplificaciones, manipulaciones o búsquedas de efectos.
Esa es una de las grandes apuestas con relación a los medios: la construcción de coberturas comprometidas profesionalmente con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lograrlo o no también tiene ver que con la posibilidad de demandar socialmente un periodismo distinto al que estamos leyendo, viendo o escuchando por estos días.
Los tratamientos periodísticos que refuerzan la construcción del joven pobre como “peligroso” o “violento”, tienen un correlato en la justificación de la represión