En el oficialismo siguen de cerca al sucesor de Oyarbide
El Gobierno quiere apurar su demorado plan de renovación judicial. Si bien aún está lejos de alcanzar sus objetivos iniciales, días atrás logró cubrir 24 cargos vacantes en el organigrama de la Justicia: designó 15 jueces, 8 defensores y un fiscal. Y ahora apunta a que el Senado avale la nominación de otros 43 funcionarios (23 jueces), ya superada la etapa en el Consejo de la Magistratura. Entre los casi 250 puestos que todavía falta llenar, hay un juzgado federal especialmente sensible: el número 5 de Comodoro Py, ocupado por Norberto Oyarbide durante 22 años.
El trámite para la nominación ya está en marcha, y hasta circulan algunos nombres que, por sus trayectorias y avales políticos, se podrían quedar con el puesto. Mientras tanto, desde su renuncia en abril del año pasado (situación que derivó en una causa por supuesto tráfico de influencias de Daniel Angelici), lo cubre el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Tras una primera depuración en el proceso, quedaron en carrera setenta aspirantes (muchos más varones que mujeres) para reemplazar al ex juez. En diciembre, los candidatos rindieron un examen bajo un código alfanumérico, para que no se revelaran sus nombres al momento de la evaluación.
El mes pasado se cerró la etapa de clasificaciones. Y ya se sorteó al consejero que analizará los antecedentes: le tocó a Juan Bautista Mahiques, representante del Gobierno en el Consejo y dirigente cercano a Angelici. El procedimiento se completará con entrevistas, el armado de las ternas, el análisis del Ministerio de Justicia y la elección de uno por parte del Presidente. Después, el Senado deberá dar su acuerdo. En concreto, la oficina de Oyarbide seguirá vacante por un largo tiempo: un año como mínimo. En el Consejo de la Magistratura, al oficialismo le cuesta conseguir el voto (el noveno sobre 13) que le dé mayoría automática. Una victoria de Cristina Kirchner en las legislativas podría potenciar ese esquema.
En ese contexto trabado, al Gobierno no le resultará nada fácil impulsar una designación tan sensible, dentro del único fuero que investiga las acusaciones de corrupción contra los funcionarios actuales y de gobiernos anteriores.
Entre los postulantes, sin embargo, hay uno que se destaca por sus avales y ascenso reciente: Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual director ejecutivo de la oficina que realiza las pinchaduras telefónicas legales. Hijo de un intendente de Cambiemos, fue años secretario del juzgado de Ariel Lijo, suerte de primus inter pares en Comodoro Py. Meses atrás, Rodríguez Ponte quedó bajo la lupa por la difusión de las charlas entre Cristina y Oscar Parrilli. La ex presidenta lo responsabilizó directamente. A su vez, es cercano al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.