Un chavismo recargado: utilizó la Asamblea para fustigar a la oposición
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, llamó “derecha apátrida y fascista” a la Mesa de Unidad Democrática y rechazó la “interferencia extranjera”. Maduro redobla la apuesta.
Venezuela escribió ayer un nuevo capítulo de su aguda crisis política, económica y social, con la instalación de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente, que comenzará hoy a sesionar pese al rechazo internacional y de la oposición, quienes aseguran que implica un golpe a la democracia. “Resolveremos nuestras crisis entre venezolanos, sin ningún tipo de interferencia extranjera”, respondió Delcy Rodríguez, electa presidenta del cuerpo. Ante los 545 delegados constituyentes, la ex canciller pronunció un enardecido y duro discurso, con el que fustigó a los Estados Unidos y a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), a la que no mencionó por su nombre, pero llamó “apátrida, fascista y puntofijista”.
Con un gran retrato del fallecido presidente Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar, Rodríguez ingresó, acompañada por el poderoso dirigente Diosdado Cabello y la primera dama Cilia Flores – también asambleístas–, al salón elíptico del Palacio Legislativo. Mientras la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebraba el acto, miles de militantes festejaban fuera del Parlamento y exhibían retratos del extinto líder de la revolución bolivariana.
“Se ha instalado una Asamblea Nacional Constituyente con poder para actuar. Em- pezaremos a actuar desde mañana (hoy). No se sorprendan”, advirtió la dirigente de 48 años, al tiempo que aseveró que “el pueblo de Venezuela no entregará su destino a una minoría violenta”. En otro tramo de su discurso, sostuvo que “tendía la mano para el diálogo nacional”, aunque remarcó inmediatamente que “la derecha apátrida” prefería la exclusión. Poder plenipotenciario. Desde el chavismo destacan que la Asamblea Nacional Constituyente es depositaria del poder originario y que, por lo tanto, tiene la facultad de disolver cualquier poder constituido. Ese argumento, sumado a que sesionará en el edificio del Parlamento, preocupa a la oposición, que teme que el poder legislativo sea disuelto –como amenazó Maduro durante las últimas semanas–. “Las bases comiciales dicen que la Constituyente será originaria, eso significa que estará por encima del “bien y del mal”, lo puede todo y tiene la última palabra. Es la corte celestial”, criticó en diálogo con PERFIL Rafael Delgado Osuna, sociólogo y presidente de la encuestadora Varianzas. La directiva de la Asamblea Nacional, controlada por la MUD, convocó a una sesión el
próximo lunes, sin saber si podrá acceder al hemiciclo, ubicado dentro del Palacio donde también debatirán los constituyentes.
La otra gran amenaza del gobierno consiste en la disolución de la fiscalía general, conducida por la chavista crítica Luisa Ortega Díaz, quien denunció la ruptura del orden constitucional y denunció la inconstitucionalidad de la reforma. Promesas. Maduro sostiene que la reforma constitucional traerá paz a un país convulsionado por las protestas, que dejaron 125 muertos en los últimos cuatro meses. Además, asegura que sacará a Venezuela de la crisis económica, marcada por la escasez crónica de alimentos y medicinas, y por una brutal inflación. La oposición, por su parte, considera que la Constituyente es un “fraude” con el que el chavismo busca evadir las elecciones presidenciales de 2018, perpetuarse en el poder e intensificar la represión a los disidentes.
Paradójicamente, el oficialismo sepulta la Carta Magna que impulsó Chávez en 1999, mientras que el antichavismo se aferra a ese texto. En aquel proceso de reforma, el extinto presidente había convocado a un referéndum para que el pueblo decidiera si quería cambiar la Constitución. “Eso se lo saltó Maduro, y también se saltó las bases comiciales democráticas, eliminó el voto universal, secreto, directo y proporcional a la población”, agregó Delgado Osuna.
Venezuela, desangrada por la violencia, se enfrenta por estas horas a un conflicto que parece irresoluble, propiciado por un gobierno y una oposición que no se reconocen como actores institucionales legítimos.