Domiciliaria para Sala.
La concedió la Justicia. En su casa usará tobillera electrónica.
El Gobierno sumó en Comodoro Py otra causa en su contra: la fiscal Paloma Ochoa imputó ayer al ministro de Energía, Juan José Aranguren; el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por “abuso de autoridad” y “negociaciones incompatibles” con la función pública por la ejecución del proyecto denominado “Aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz”.
Es que Marcolini fue jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria en la empresa Iatasa (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) que produjo un informe favorable a la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, y ahora ocupa la dirección de Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales).
“Marcolini se entregó a sí mismo (siendo subsecretario de Energía Eléctrica) la revisión del proyecto de la represa de río Santa Cruz. Pero lo que es más increíble es que como director de Iatasa fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra. Es decir, la misma persona realizó el informe en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo”, sostuvo el senador Fernando “Pino” Solanas, impulsor de la denuncia junto al abogado ambientalista Enrique Viale.
Para Solanas, la designación de Marcolini como fun- cionario fue “ilegal” y su nombramiento “está conectado con la voluntad política de que éste continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumen- tal proyecto hidroeléctrico a cualquier costo no sólo desde la perspectiva ambiental, económica, sino también desde una mirada institucional”.
Además, Solanas acusó a Laura Alonso de tener “ca- joneada en la OA desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG sobre este conflicto de intereses”.
El dic ta men de la f isca l Ochoa, al que accedió PERFIL, fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos. No es la primera vez que Aranguren y Alonso son denunciados penalmente en una misma causa: en mayo de 2016, diputados kirchneristas acusaron al ministro de beneficiarse directamente con los tarifazos de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell. A Alonso le reprocharon no haber tomado medidas al respecto.
Esta causa trae de nuevo a la luz la construcción de las represas de Santa Cruz. El gobierno de Cristina Kirchner la licitó dos veces. Al asumir, Mauricio Macri condicionó su concreción a razones ambientales, pero en mayo le prometió a su par chino, Xi Jinping, avanzar con las obras financiadas por empresarios de ese país.
“Las represas son un disparate ambiental, económico e institucional –dijo a PERFIL el abogado Viale–. Va a matar al río Santa Cruz y afectar al glaciar Perito Moreno. Costará 6.500 millones de dólares, plata con la que se podría hacer un parque eólico. Y es un disparate institucional: acá no hay grieta, debe ser lo único en lo que los K y Cambiemos están de acuerdo. Las defienden Aranguren y el ex ministro y diputado Julio De Vido”.
“La misma persona que hizo el informe ambiental es quien debe aprobarlo.”