Le inhiben los bienes al Corcho Rodríguez por presuntas coimas
La Justicia Federal dispuso ayer la inhibición general de bienes del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso Odebrecht por presunto pago de sobornos para obras en la empresa de aguas AySA durante el kirchnerismo.
La decisión del juez federal Sebastián Casanello incluyó además exhortos a Panamá, a Antigua y Barbuda y a Uruguay para obtener información sobre las empresas investigadas. También ordenó labrar oficios al Banco Central, a los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, a la Caja de Valores, al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional de Aeronaves y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
La Justicia intenta determinar si se pagaron sobreprecios en la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas de AySA, en Tigre, y la planta depuradora Bicentenario, en Berazategui, y su vinculación con el escándalo internacional de Odebrecht. El magistrado sostuvo que el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos ocurrió entre 2007 y 2014, en el marco de “un complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de la obra pública”.
El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detectó que Corcho Rodríguez habría compartido tres viajes con el CEO local de Odebrecht, Flavio de Bento Faría, señalado en Brasil como uno de los que habrían entregado dinero negro en la Argentina.
Apenas se ligó su nombre al escándalo, Rodríguez se desligó de las sospechas. Aunque admitió que fue “asesor de Odebrecht durante años”, remarcó: “No fui ‘valijero’ ni lobbista, no soy intermediario”, y relativizó su vínculo con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a quien se vincula con el caso.
Sin embargo, la semana pasada el diario La Nación reveló que la sociedad uruguaya de Rodríguez, Sabrimol Trading, habría recibido más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014, destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Fede- ral que encabezaba De Vido. Casanello le tomó declaración testimonial al periodista autor de la nota, Hugo Alconada Mon. Frente a la sospecha de “posibles acciones de desapoderamiento de bienes”, el juez inhibió los bienes del empresario en procura de mantener intacto el patrimonio.
El juez también envió exhortos al exterior y oficios a varios organismos nacionales