En el Gobierno ya no ocultan las críticas al trabajo del juez Otranto
En varias de las reuniones reservadas que mantuvo esta semana el presidente, Mauricio Macri, por el caso Maldonado con sus asesores, una conclusión quedó repiqueteando en la Casa Rosada: la crítica del jefe de Estado a la presunta lentitud del juez federal de Esquel, Guido Otranto. Es más: en esos encuentros inquirió sobre el accionar del magistrado a sus funcionarios. En particular le consultó al ministro de Justicia, Germán Garavano, si había alguna forma de acercarle a Otranto medidas procesales y allanamientos, a pesar de que el Gobierno no es querellante en la causa.
Acaso por ello, tres funcionarios estuvieron reunidos con el magistrado: Claudio Avruj, de Derechos Humanos, el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi y Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior. Los tres se pusieron a disposición pero, además, o bien le dejaron informes para avanzar en la investigación (como en el ca- so de Milman) o le deslizaron líneas de trabajo.
En ese sentido, el oficialismo ya comenzó a dejar trascender sus críticas al juez. En particular, según pudo saber PERFIL, varios de los puntos por los que está cuestionado son:
No haber ordenado el allanamiento de las dos sedes de Gendarmería (en Esquel y El Bolsón) al mismo tiempo, sino que primero se trabajó en un destacamento y luego en otro. “Cuando hacemos un procedimiento en una villa se atacan todos los búnkeres a la vez, no esperamos a uno para ir por otro porque es sencillo que sean avisados”, explicó a este diario una fuente del Ministerio de Seguridad.
Otro punto tiene que ver con la supuesta tardanza en el llamado a los gendarmes para declarar. En este sentido, en el Gobierno remarcan que, en rigor, fue el sumario interno de la fuerza lo que movilizó las declaraciones ante la Justicia y no el trabajo del juez.
Haber aceptado el testimonio de Matías Santana, que declaró haber visto cómo subían a Maldonado a una camioneta de Gendarmería montado en su caballo y con unos binoculares que luego perdió. En el Gobierno aseguran que no hubo buenas repreguntas ni de Otranto ni de la fiscal, Silvina Avila y que, al menos, hubo afirmaciones que no cierran. En este marco, Macri reiteró sus quejas: “No puede ser que no tenga costo mentirle a los jueces”, esbozó.
No haber avanzado sobre la “tierra sagrada” de los mapuches, al otro lado del río Chubut.
Por este tema, ayer, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, acusó a Otranto de “entorpecer la investigación”.
El secretario de Seguridad lo acusó de “entorpecer la investigación”.