Riesgos de la inclusión financiera digital
IGNACIO E. CARBALLO / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
La semana pasada, luego de una prueba piloto en Córdoba, el Banco Nación lanzó para todo el país “PIM”. La novedosa billetera móvil orientada a ofrecer un nuevo medio de pago digital a los sectores no bancarizados fue presentada como una herramienta para la inclusión financiera por sus factores diferenciales frente a las otras opciones vigentes en el mercado.
En principio, dichos factores son cuatro: a) no requerir de un smartphone o conexión a internet para su utilización, pues funciona mediante SMS; b) no consumir datos del abono telefónico; c) no requerir de una cuenta bancaria y; c) consecuentemente no tener costo de mantenimiento. Con PIM, cualquier persona que tenga un celular y proporcione su DNI o CUIT podrá recibir o enviar dinero a otro móvil, cargar y extraer efectivo o bien realizar compras en comercios adheridos.
En paralelo, la Anses anunció la posibilidad de pagar los planes sociales a través de esta nueva tecnología. Inicialmente bajo un esquema optativo y gradual, comenzando con los programas Progresar y Hogar pero apuntando a que finalmente se extienda a titulares de AUH y jubilados. Esta tendencia que viene impulsando el gobierno nacional hace ya tiempo (en una especie de “guerra al efectivo”) se alinea con uno de los principales pilares en las distintas iniciativas de inclusión financiera alrededor del mundo: la promoción e incorporación de nuevas herramientas digitales.
La inclusión financiera digital potenciada por la revolución Fintech es el paradigma actual dentro del sector y América Latina no es ajena a ello. En una región caracterizada por su amplitud geográfica y altos costos de infraestructura, la tendencia digital es auspiciante. Argentina en particular, según datos avalados por el Banco Mundial, destaca por presentar guarismos realmente prometedores.
En nuestro país, mientras sólo uno de cada dos argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria, hay un celular y medio por persona. Contemplando el 40% de menores ingresos, sólo uno de cada tres puede acceder a algún servicio financiero básico, mientras que nueve de cada diez es titular de una línea telefónica celular. La Argentina presenta tasas de suscriptores a telefonía móvil y usuarios de internet que superan entre 62% y 80% a la del promedio del planeta. Estas son, respectivamente, del 147% y 69% de la población mientras los ratios de ATMs y sucursales bancarias por cada 100 mil habitantes son de 61 y 13.
No obstante, el principal (pero no único) desafío en Argentina refiere al uso. Ocho de cada diez empleados registrados que reciben haberes en cuenta bancaria retiran la totalidad de sus sueldos apenas lo tienen depositados. Dos de cada diez personas con cuenta las tienen sólo para cobrar subsidios y, de éstos, el 76% tiene el hábito de ex- traer todo apenas cobrado.
Todos estos indicadores sustentan iniciativas como PIM o las posturas de trabajar particularmente con herramientas digitales sobre los estratos de más bajos ingresos para generar una inclusión financiera de escala. Pero ¿existen riesgos en una inclusión financiera digital? Alertas. En el mundo no pareciera haber dudas de los riesgos para los consumidores. En 2016, con el fin de gestionar las oportunidades pero también los riesgos que la rápida digitalización conlleva, el G20 publicó un informe (titulado High-Level Principles for Digital Financial Inclusion) con ocho recomendaciones para promover la inclusión financiera digital y responsable. Meses atrás, en el marco de la presidencia germana del G20, se abordaron nuevamente las oportunidades y riesgos de la transformación digital aplicada a las finanzas.
En el ecosistema Fintech en Europa, las autoridades bancarias ya estudian el fenómeno de cara a su regulación. Un estudio presentado en agosto por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) expuso carencias en la información a los clientes, deficiencias en los servicios de reclamación y un riesgo de exclusión financiera por el uso inadecuado de la gestión masiva de datos personales. En nuestro país, mientras se anunciaba PIM, un informe señalaba que los rubros más denunciados ante Defensa del Consumidor desde el 2012 a la fecha (en la Ciudad de Buenos Aires) fueron justamente las prestadoras de telefonía celular y las entidades financieras. El uso de teléfonos celulares e internet para acceder a servicios financieros necesita de un marco regulatorio equilibrado que fomente tanto la innovación como la protección del usuario. La experiencia nos ha mostrado que la inclusión financiera permite alcanzar mayor bienestar cuando los usuarios tienen conocimiento y capacidades adecuadas a los productos y los servicios financieros. La educación financiera es entonces primordial para gestionar los riesgos de la digitalización que pone los servicios financieros al alcance de gran parte de la población. Una inclusión financiera digital como la que se plantea en Argentina (con foco en nuevas tecnologías y medios móviles) genera sin duda oportunidades, pero también importantes riesgos en los consumidores. Es fundamental avanzar responsablemente articulando las tres dimensiones que la componen e interactúan con igual relevancia: oferta, marco regulatorio y demanda. La inclusión financiera debe entonces ser concebida como un medio para un fin, por lo que tenemos que pensar cuidadosamente qué fin priorizar en nuestro cálculo.