Imputan a Lorena Triaca por contratar a una empresa propia
Aunque haya sido una de las primeras en renunciar a su cargo por el escándalo que desató su hermano en el Gobierno, Lorena Triaca no pudo esquivar las acusaciones penales. El fiscal Jorge Di Lello la imputó ayer en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública. Es porque se desempeñaba como directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional, que depende de Cancillería, cuando el organismo habría contratado los servicios de una firma suya.
La lupa judicial está en Unify Communications SA, una distribuidora de equipos de comunicación radicada en Olivos, provincia de Buenos Aires. “Mientras se desempeñaba como funcionaria al frente de la Agencia de Inversiones, era socia de una firma que ella contrató con el organismo que ella misma dirige”, sostuvo Pablo Ibalo, el denunciante del caso, que se basó en publicaciones periodísticas en donde se hablaba de las “millonarias contrataciones directas de Cambiemos a Lorena Triaca, hermana del ministro”.
La principal sospecha apuntaba en esos recortes a una contratación en forma directa, en 2016, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por más de 7 millones de pesos. Pero se cree que “ya en su rol como funcionaria, las contrataciones se mantuvieron”, según consta en
El foco está puesto en Unify, una distribuidora de equipos de comunicación
disposiciones publicadas en el Boletín Oficial porteño. Fue por eso que Di Lello reclamó una serie de diligencias “en atención a los dichos de Pablo Néstor Ibalo y sin perjuicio de contarse solo con el relato del denunciante, a fin de que aquellos sean investigados no solo sobre la existencia de la hipótesis descripta sino respecto de la intervención de la funcionaria de la Administración”. Según el dicta- men al que accedió PERFIL, Di Lello solicitó al juez Julián Ercolini librar oficios al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para pedirle detalles de las contrataciones en favor de la empresa Unify a los titulares de la Inspección de Personas Jurídicas de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para conocer quiénes fueron los socios de la firma desde 2015.
El fiscal mandó también preguntarle a Juan Pablo Tripodi, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, “si Lorena Triaca se desempeña en el organismo, qué funciones cumple y desde cuándo se encuentra designada”.
Se descuenta que Tripodi le informará lo que ya es público: que Lorena ya no cumple funciones en su cargo. Probablemente, en el expediente no se explique que la dimisión fue consecuencia del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para que familiares directos de funcionarios no ocupen cargos públicos. Ni tampoco que ese decreto fue la forma que el Gobierno encontró para sortear las repercusiones del ruidoso despido de Sandra Heredia, la casera de los Triaca que consiguió aumentos de sueldo contratada en el SOMU y luego los denunció en público.