Dos campanas
Siempre fue parte del deber periodístico presentar las dos campanas. Ese imperativo, sin embargo, muchas veces se sustituye por el cómodo trámite de poner una opinión al lado de otra. Cuando refieren a datos, lo más probable es que esas dos versiones, sesgadas y yuxtapuestas, confundan más que informar. Sorprende que en la época de los drones y del big data, los medios no sean capaces de dar una cifra de los asistentes a una marcha y se limiten a consignar los números de la Policía o de los organizadores.
Si es tan difícil ponerse de acuerdo respecto del tamaño de una movilización, cuánto más tratar de aproximarse a sus significados. Eso pasa con la marcha convocada por Hugo Moyano y el gremio de camioneros, junto con organizaciones sociales, el miércoles 21 de febrero. Hayan sido 90 mil personas, como dice la Policía, o 400 mil, como dicen los convocantes, la marcha se hizo sentir en las calles de Buenos Aires y en los medios de comunicación. El espacio público miró ese día hacia la avenida 9 de Julio: es infantil negar la existencia de la marcha.
Aunque el Gobierno asegura que la Justicia actúa con independencia, es de suponer que determinadas causas de enorme contenido político prosperen con el visto bueno del Ejecutivo. Tras la etapa de procesamiento y prisión preventiva de ex funcionarios kirchneristas, 2018 es el año de los sindicalistas. Entre ellos, quien retiene mayor poder y caja, Hugo Moyano, que podría usar de ambos recursos contra Macri, así como los usó contra Cristina cuando era cercano a Macri. Además del judicial, el gobierno abre otros frentes con los sindicatos: auditar las obras sociales, exigir declaraciones juradas, buscar la reforma laboral “en etapas” y paritarias sin “cláusula gatillo”.
Del lado del Gobierno la marcha tiene un solo significado: la resistencia de Moyano a la investigación judicial y el temor de los sindicatos amigos, que ven amenazado su poder. La intencionalidad de los que marcharon, en cambio, es más ambigua. La familia Moyano demostró bastante poder (con menos entusiasmo y más refuerzo lo- gístico) ante el Gobierno y la CGT. Se dio también una cierta convergencia de movimientos populares críticos: sindicatos combativos, La Cámpora, CTA, piqueteros, las madres, la izquierda. Ahí, el Gobierno puede darse por satisfecho: el peronismo duro dejó de subestimarlo y lo considera un enemigo de peso.
La lectura del Gobierno es simplista: detrás de esta reacción están los intereses de la burocracia sindical, fogoneados por el kirchnerismo. Pero no debería subestimar esta intersección de fuerzas opositoras. Aunque ganó las elecciones cómodamente en octubre pasado, la imagen de Macri descendió desde entonces unos 14 puntos (promediando diversas encuestas). En el medio se dieron el caso Maldonado, el submarino ARA San Juan, Chocobar y la nueva doctrina de “mano dura”. El poder de Macri está amenazado por la fortuna (diría Macchiavello) pero también por la impericia política y comunicacional de su entorno. Incluso esta nueva etapa en la lucha contra la corrupción está empañada por los casos que afectan a funcionarios y la sospecha de conflicto de intereses que recae sobre otros. La corrupción privada no es mejor que la pública. Si es cierto que hay que investigar eventuales delitos económicos en los sindicatos, debería hacerse desde la certeza de transparencia y honestidad de los empresarios que hoy ejercen funciones públicas.
Si al Gobierno no le preocupa la marcha, debería al menos preocuparle la lectura que haga de ella la gente, sobre todo las clases medias y bajas. Es cierto que la mayoría no se siente representada por Moyano, pero las marchas son mensajes y su lectura se realiza en el contexto de la percepción sobre la gestión de gobierno. Cuando no se puede mostrar resultados en la baja de la inflación o del desempleo, atacar a algunos de los colectivos que tradicionalmente han articulado las identidades de los trabajadores, como gremios y movimientos sociales, sin proponer estructuras alternativas es al menos políticamente riesgoso.