La Justicia bloqueó otra vez la elección del presidente catalán
El juez que tiene la causa por sedición contra el separatismo le prohibió al candidato del independentismo asistir a la votación.
La Justicia española volvió a bloquear ayer la investidura de un nuevo presidente catalán, al impedir al líder independentista Jordi Sánchez, encarcelado bajo la acusación de sedición, asistir a la sesión programada para el lunes por el Parlamento regional.
El juez Pablo Llarena, que instruye la causa abierta por rebelión, sedición y malversación contra los líderes separatistas, rechazó la libertad de Sánchez por el “riesgo concreto de reiteración delictiva”.
La intervención judicial ya frenó en enero la investidura de Carles Puigdemont, el ex presidente regional instalado en Bélgica y cesado por el gobierno español tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre. El Tribunal Constitucional dictó que solo podía ser escogido si previamente se entregaba ante el juez Llarena, que lo procesó por rebelión y sedición.
Finalmente, Puigdemont renunció pero designó a Soler, para mantener la tensión con el gobierno español, que controla la región desde octubre.
De momento, el presidente del Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, mantiene la convocatoria del debate y, según su vocero, estudia recurrir la medida ante el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos. Elecciones. Si el bloqueo persiste podría convocarse a nuevas elecciones en Cataluña, lo que para Puigdemont no sería una “tragedia”.
“Si vamos a las elecciones será por la enorme irresponsabilidad del Estado, porque no ha aceptado los resultados del comicio del 21 de diciembre”, cuando los independentistas obtuvieron la mayoría absoluta en el Parlamento, aseguró.
“Como no les ha gustado el resultado, no quieren que el Parlamento escoja a su presidente. Fuerzan las cosas de tal modo que a lo mejor se deberán repetir elecciones”, advirtió el ex presidente, que confía en mejorar su resultado si vuelven a las urnas.
Pero este bloqueo está pasando factura al separatismo. Según un sondeo del Instituto Demoscópico Público en febrero, el apoyo a la independencia cayó al 40,8% de la sociedad contra un 53,8% en contra, el resultado más bajo desde que este órgano empezó a formular esta pregunta en diciembre de 2014.
El gobierno de Mariano Rajoy, que no devolverá la autonomía regional hasta que no se forme gobierno, reclama a los independentistas designar un candidato sin problemas judiciales.