Una deuda de la democracia
La Argentina tiene un largo recorrido en el debate político, académico y social sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es un problema y una solución. Es un problema de salud pública porque se estiman en alrededor de 370 mil y 520 mil abortos por año (cifras de 2005; estudio de Silvia y Pantelides publicado en 2009); porque se llevan a cabo de forma insegura y las consecuencias son los números elevados de muertes por abortos inseguros (en nuestro país representan el 17% del total de las muertes maternas para 2014-2017), y también porque se han incrementado las enfermedades por aborto (la morbilidad materna en 2013 fue de 49 mil mujeres que se internaron en hospitales públicos relacionados con el aborto; datos Cedes-ELA-Redaas).
El derecho al aborto también debe entenderse como una solución; las mujeres abortamos por diferentes razones: por falta de acceso a información clara y precisa y a los métodos anticonceptivos; por problemas de salud física y psíquica; por la violencia sexual en los vínculos sexo-afectivos; entre tantas otras razones. Pero también, las personas gestantes abortamos porque el aborto es legal desde 1922 por causales: peligro para la vida, peligro para la salud y violación. Si bien en los últimos años hemos podido avanzar capilarmente en el sistema de salud garantizando este derecho, todavía falta profundizar con una ley que despenalice y legalice definitivamente el aborto.
Estamos preparadas para el debate parlamentario. La sociedad lo está manifestando a través de sus respuestas a las diversas encuestas que se están llevando a cabo, por ejemplo, la consultora D’Alessio IROL publicó resultados que evidencian que el 70% de los encuestadas está a favor del debate de la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación y el 56% opinó que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por su lado, la Universidad Nacional de San Martin también llevó a cabo una encuesta en la cual el 55% de las personas encuestadas apoyan la libre elección de las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, y de ese grupo el 25% respondió que está de acuerdo con la legalización del aborto, pero con algunas limitaciones.
La ley es la deuda que la democracia tiene con las personas gestantes. No obstante, el movimiento de mujeres y feminista vino generando iniciativas para instalar el tema en la agenda mediática, en el debate público, pero, al mismo tiempo, llevó adelante propuestas concretas para garantizar la decisión de las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado. Entre éstas, cómo hacerse un aborto con pastillas de la organización Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, las Socorristas en red, las consejerías pre y posaborto en los locales partidarios, organizaciones sociales barriales, en las universidades y en los centros de atención primaria de la salud. El derecho al aborto se territorializó.
Desde la política pública contamos desde el año 2003 con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, desde 2006 el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y entre 2011 y 2015 la creación de protocolos en más de 15 provincias que garantizan –algunos con restricciones– el acceso al aborto legal por causales. Estos importantes avances vienen garantizando el derecho de las personas gestantes dentro del sistema de salud, pero también con dificultades como la objeción de conciencia de muchos profesionales.
El debate parlamentario debe ser “maduro”, como sostuvo el Presidente de la Nación; pero esa madurez debe estar dada justamente por el abandono de las adscripciones religiosas y el ejercicio de la función representativa garantizando el principio ético del bien común al momento de argumentar y de votar.
Sabemos que será una pulseada difícil; pero creo en la capacidad de transversalidad feminista de las congresistas, muchas de ellas jóvenes mujeres que vienen de las bases del feminismo. Están cambiando la historia.