El negocio inmobiliario florece detrás de la venta de los terrenos estatales
Desde que asumió, el macrismo afinó el inventario de inmuebles estatales: pasó de 19.600 a 60 mil terrenos registrados. Una tarea hecha con un ojo y medio puesto en un objetivo contable: privatizar espacios públicos o predios ociosos del Estado para financiar su plan de obras.
Hasta la semana pasada, el presidente, Mauricio Macri, había firmado cuatro decretos, autorizando la “enajenación” de 87 inmuebles, repartidos entre Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Jujuy. Y días atrás sumó otros siete (seis ubicados en Capital), por los que espera recaudar unos 350 millones de dólares.
Pese a la resistencia de varios grupos de vecinos, sumada a las sospechas de car- telización entre las desarrolladoras, el macrismo avanza con lógica de inmobiliaria. Al momento subastó veinte (16 en Capital), a cambio de más de 250 millones dólares. Desde el Gobierno aseguran que no existe otra alternativa, ante quienes reclaman la construcción de espacios verdes.
Los nuevos terrenos que saldrán a la venta están en La Boca, Retiro, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza y Saavedra. A través de una subasta pública, el Estado espera recaudar un total de US$ 326 millones para destinar a las obras ferroviarias de los viaductos de las líneas Mitre y San Martín.
Para lograrlo, en la mayoría de los casos el macrismo realizó una acción coordinada entre Nación, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la Agencia de Administración de Bienes del
El Estado nacional ya subastó veinte inmuebles por más de 250 millones de dólares
Estado (AABE), la ex Onabe, organismo que maneja las tierras fiscales.
Previo a los decretos presidenciales, la Legislatura porteña debió aprobar una rezonificación que permitiera la construcción de torres. Así, se convirtió en una especie de escribanía dedicada a multiplicar el valor de los terrenos que el Estado nacional planea vender. Y lo hizo a caballo de la mayoría automática del ofi- cialismo, sin la obligación de negociar con la oposición ni de escuchar a los vecinos.
En La Boca, la privatización proyectada es de 27.331,93 m2, en un predio delimitado por las avenidas Brasil y Pedro de Mendoza, las calles Gualeguay, Caboto y D’Espósito, incluido un tercio del centenario club Darling. Tanto los vecinos de Catalinas como los socios del club se oponen a esa movida. “Están violando la ley de clubes en pos de un negocio inmobiliario”, se queja el presidente del Darling, Daniel Calabrese.
La cercanía de La Boca con Puerto Madero entusiasma a los principales desarrolladores inmobiliarios, como Nicolás Caputo, Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain.
Entre esos empresarios, el mecanismo de la cartelización se convirtió en un hecho ante la ola de privatizaciones.