Solicitan prohibir la salida del país y la inhibición de bienes para Scioli
Un día después de que Daniel Scioli presentara un escrito en el que negó haber recibido dádivas y descartó la imputación de irregularidades en la contratación de obras públicas, el fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta pidió que se le prohíba salir del país y se inhiba al ex gobernador por 189 millones de pesos.
“La magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados recomiendan que a los mismos se les prohíba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, sostuvo Garganta en el escrito. El pedido fue formulado a la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, quien ahora deberá definir si acepta o rechaza la solicitud de la fiscalía, resolución a la que daría lugar la semana próxima.
La solicitud de la prohibición de salir del país y de la inhibición por 189 millones de pesos incluye también al ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, de quien Garganta sospecha que se vio favorecido por la construcción de nueve unidades de pronta atención (UPA) durante la gestión de Scioli.
Para el fiscal, estas medidas “resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.
“Nunca he recibido dádivas de ninguna persona”, declaró el ex gobernador en el escrito que entregó el jueves y con el que se defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente.
En este sentido, subrayó que “todas las contrataciones” durante su gestión fueron realizadas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”. Scioli planteó que “es totalmente falsa” su supuesta “relación especial con uno de los proveedores”, y consideró que Miller “accedió a menos del uno por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso”.