Cada punto de baja de retenciones cuesta unos $ 2.700 millones
En medio de los rumores que circulaban hasta ayer respecto de un freno en la quita de retenciones a la soja, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aprovechó el tedéum de la Catedral de Buenos Aires para llevar tranquilidad a los productores: “No está en agenda una modificación en el esquema”, consignó el funcionario, en igual sintonía con lo que habían expresado en la semana el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El intento de llevar tranquilidad a los productores y exportadores, sin embargo, genera un problema económico que deberá afrontar el Gobierno, en épocas en las cuales achicar el déficit fiscal se ha convertido en la meta número uno de la Casa Rosada. La economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo, calculó que cada punto que se quita de retenciones a la soja implica que el Estado deja de recaudar $ 2.700 millones. Por tanto, con el esquema actual de bajar 0,5 puntos cada mes, de aquí a fin de año el Gobierno resignará alrededor de 10 mil millones de pesos.
Según las estimaciones de Dal Poggetto, en 2019 el impacto en la recaudación rondaría los 18 mil millones, aunque este valor puede crecer significativamente en relación con las cantidades que se exporten y con los precios de venta. Esta baja gradual de los derechos de exportación se corresponde con un plan que se inició en 2015, no bien asumió Cambiemos. En aquel entonces, Mauricio Macri eliminó las retenciones al maíz, el girasol, el trigo, la carne y los productos de las economías regionales, a la vez que bajó las de la soja del 35% heredado al 30%. Con el sistema actual de quita, los exportadores de este cultivo serán los únicos que seguirán pagando retenciones, con un gravamen que será del 18% en enero de 2020, cuando haya finalizado la quita del 0,5% mensual.
Muchos especialistas suelen graficar los problemas de la economía como una manta corta, puesto que cuando se intenta cubrir con recursos un inconveniente, se terminan descuidando otros aspectos. Y algo similar ocurre en este caso: el Gobierno se encuentra ante la disyuntiva de mejorar las condiciones de exportación del principal generador de divisas del país, pero para hacerlo debe resignar recursos que le permitirían calmar las arcas fiscales de la Argentina.
No obstante, la quita de retenciones al complejo oleaginoso no es el único inconveniente que afronta el Gobierno en relación con el campo. La sequía que azotó al país durante los primeros meses del año implicó una pérdida del 40% de la cosecha de soja.
Las retenciones a los granos habían sido incluidas en el esquema fiscal argentino a partir de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde buscaba ajustar las cuentas de un país en default. Luego, el kirchnerismo sostuvo el sistema para aprovechar la renta extraordinaria que se generaba por el alza de los precios internacionales y para que los precios del mercado interno no se disparasen.