El Gobierno ya activó una mesa de emergencia por el futuro de las obras
Se reunió esta semana y prevé otro encuentro en los próximos días. Busca rever contratos, recuperar dinero de coimas y otro marco legal.
El Cuadernogate puso en funciones, nuevamente desde el caso Odebrecht y los bolsos de José López, a la mesa de crisis por el futuro de la obra pública. En rigor, se trata de una estrategia coordinada entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los tres ministros que tienen obras, junto a la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción.
Esta semana se reunieron y volverán a hacerlo en los próximos días bajo una premisa: intentar resolver, y desentrañar, el conflicto que supone para el Gobierno que las principales empresas contratistas estén involucradas por el pago de coimas en la década kirchnerista.
En particular, los funcionarios ya trabajan sobre tres puntos. En primer lugar, el oficialismo apuntará al proceso penal, es decir, a “recuperar el dinero robado”, según describen fuentes oficiales. Para ello se trabaja sobre el esquema de sobreprecios que conllevaban el pago de coimas. Hasta ahora, los arrepentidos no admitieron el cohecho. Pero la Justicia avanza en este sentido.
Paralelamente, bajo el paraguas de la experiencia de Brasil y Perú, los funcionarios prevén avanzar en contratos con cada una de las empresas involucradas en el escándalo para ver caso por caso. En muchas hay obras adjudicadas y el proceso para sacarlas requiere una nueva ley (ver página 13); por ello, a l menos se pre - vé algún tipo de acuerdo de “buenas prácticas” hacia el futuro. Es que, parte de las coimas que aparecían en los cuadernos, y que fueron aceptadas por el primo del presidente Angelo Calcaterra en una entrevista con La Nación tenían que ver con que el Estado libere el pago de los avances de obra. Auditorías. En segundo lugar, la mesa de crisis decidió avanzar ante la revisión de los contratos. En la reunión de esta semana, por caso, el ministro de Energía, Javier Iguacel, adelantó que puso en stand by las represas que tenía a su cargo Electroinge- niería, cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, está preso por el Cuadernogate. Iguacel dijo que armará una auditoría que durará, al menos, un mes y que mientras tanto se frenarán las obras hasta ver los resultados. Electroingeniería se asoció para la construcción de las represas con empresas chinas, que trajeron el financiamiento.
Tanto Rogelio Frigerio (Interior) como Guillermo Dietrich (Transporte) confiaron que revisarán sus contratos. En el caso de Frigerio, además, está trabajando en una profunda reforma del Registro de Contratistas que tiene a su cargo el economista Ricardo Delgado, con el fin de darle más poder para interceder ante irregularidades e incumplimientos.
Por su lado, Dietrich trabaja en no frenar las obras que fueron adjudicadas pero esperará el avance judicial. “Vamos a revisar todo, en especial las obras del sur con empresarios patagónicos vinculados al kirchnerismo. Y además, las empresas cuyos dueños sean procesados”, adelantan en el Gobierno. A ello se le suma la rev isión integral de las garantías que presentaron las contratistas con los bancos. “No queremos que haya un impacto devastador como en Brasil con el Lava Jato”, confía una fuente ministerial.
Por su lado, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, les pidió a los tres ministerios informes con todas las obras adjudicadas entre 2005 y 2015, en la década kirchnerista, para cotejar con las causas que se sustancian.
En la primera reunión también participaron los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Ambos, ex CEO, se mostraron poco proclives a grandes cambios. Muchos amigos de ellos hoy están en la mira de la Justicia.