Hay que cuidar a las empresas

Jueces, legisladores y medios también se adaptaron porque el silencio es una forma de pago en especie

Al terminar la era K, un directivo de Telefónica respiró aliviado porque temía el despojo

Yo estoy entre quienes, según Jorge Asís, son “nabos” por alegrarse con lo que está sucediendo gracias a los cuadernos de la corrupción creyendo que será bueno para el país. Y no me encuentro entre quienes están convencidos de que este juicio agregará inevitablemente a la economía el costo de una recesión adicional de dos años, como sucedió en Brasil con el Lava Jato, porque en Argentina toda la población ya estaba informada de que el kirchnerismo había elevado la corrupción al paroxismo y el Cuadernogate no genera la desazón ni la pérdida de autoestima social que produjo el Lava Jato en la mayoría de la población de Brasil, menos politizada e informada que la nuestra. Hasta se podría decir que en Argentina, al revés, produce en muchos esperanza por ver que se puede probar lo que ya se sabía.

Pero hay un efecto secundario de esta saludable medicina ética que hay que atender, y es el daño que podría producirse en la sociedad si se asociara al empresariado en su conjunto con la corrupción, confusión conceptual tan autodestructiva para el país como fue responsabilizar de nuestro atraso económico al capitalismo, error de análisis que solo profundizó nuestra decadencia.

La crónica reducción del crecimiento durante décadas en Argentina fue por la falta de más empresarios y de más empresas, no de menos. Falta que entre sus múltiples motivos tiene también la destrucción que produjo la violencia política –física y simbólica– de diferentes signos durante tantos años.

Hasta el levantamiento del campo en 2008, el kirchnerismo usufructuó cinco años donde tuvo la suma de los poderes públicos porque, además de ejercer el Ejecutivo, tanto el Poder Judicial como el L egislativo y la enorme mayoría de los medios no se atrevían a contradecir ninguna de sus voluntades. La muerte de Néstor Kirchner en 2010, aunque ayudó electoralmente a Cristina en su reelección, debilitó el futuro del kirchnerismo, lo mismo que la muerte de Hugo Chávez el del chavismo en 2013. Otro era el contexto con Néstor Kirchner y Chávez en el cenit de su poder: uno que reivindicaba la violencia de los 70 y otro que, siendo militar, directamente reeditaba el “impuesto revolucionario”, expropiando. Sumado a que el viento de cola de los precios récord de las materias primas hacía verosímiles sus deseos de perpetuidad.

No solo los empresarios se adaptaron a un sistema de dominación nunca antes visto en la democracia argentina, lo hicieron muchos jueces, legisladores y medios de comunicación, porque el silencio fue también una forma de pago en especie.

Pero no hay que confundir a todos dentro de una misma categoría. Se debe diferenciar entre quienes antes de la llegada de los Kirchner al gobierno tenían una empresa y lograron mantenerla más o menos afectada, y aquellos que la engrandecieron gracias a favores del kirchnerismo y quienes directamente pasaron a tener una empresa solo gracias al kirchnerismo. Siempre estará mal haber pagado sobornos o “aportes para la campaña” no declarados, pero es diferente quien lo hizo defensivamente para que sobreviviera la empresa, el primer caso, y quienes lo hicieron ofensivamente para ganar dinero, el segundo y tercer caso.

Construir una verdadera empresa es una tarea de muchas décadas y aquellas de gran tamaño, de más de una generación de esfuerzo. De la misma forma que sucedió con casi todas las especies de animales grandes que fueron exterminados más fácilmente por su tamaño, pueden ser más vulnerables aquellas empresas que, por ser grandes, generan mayor apetito en sus depredadores si estos se encuentran empoderados por recursos extraordinarios.

En el caso de los 12 años del kirchnerismo, son múltiples los ejemplos de empresas que fueron debilitadas para poder apropiárselas total o parcialmente. No se trató de temores infundados: recuerdo a un director de Relaciones Institucionales de Telefónica, un español que cruzó en la Argentina los 12 años del kirchnerismo, que en 2016, cuando vino a despedirse porque se volvía a su país, me dijo que estaba orgulloso de haber logrado que Telefónica de Argentina continuara siendo cien por ciento de Telefónica de España, porque los accionistas de la mayoría de las demás empresas de ser vicios públicos privatizadas en los 90 fueron despojados total o parcialmente de la propiedad de ellas durante el kirchnerismo.

Otro efecto secundario de esta saludable medicina ética de los cuadernos de la corrupción que hay que atender es la confusión entre empresa y empresario, para poder separar ente de persona física. A quien hay que castigar es al empresario o directivo pero tratando de herir lo menos posible a la empresa, cuya existencia es, en la mayoría de los casos, en beneficio de toda la sociedad.

Cuando me tocó entrevistar al juez Sérgio Moro en Curitiba, se había anunciado en Argentina la venta de la empresa Iecsa, del primo del Presidente, Angelo Calcaterra, a Marcelo Mindlin. Le pregunté al juez brasileño si era una solución para que no se destruyeran las empresas involucradas en la corrupción, exigirles a sus dueños que las vendieran y Moro me respondió siendo aun más cuidadoso con su super vivencia. Explicó que una empresa como Odebrecht, que llegó a tener 200 mil empleados, no encontraría fácilmente un comprador, y si se obligara a su accionista en la cárcel a venderla, se la terminaría desguazando. Por lo que se limitaba a que el empresario o directivo fuera preso, pagara todo lo que su patrimonio personal permitiera, además de una multa a la empresa que no le impidiera continuar funcionando. Y sin que hubiera cambio de accionistas aunque sí de la conducción profesional de la empresa.

Finalmente, hay que ayudar a los ciudadanos a distinguir entre las empresas cuyo único cliente es el Estado, las que dieron origen a la expresión “patria contratista”, y otras, como Techint, donde el mercado es un gran cliente, u otras que exportan y actúan en varios países, como Impsa. No es lo mismo una empresa de servicios públicos privatizada y regulada por el Estado, como YPF, que todas las de energía o las dos telefónicas cuando eran básicamente hogareñas, o los supermercados y automotrices a los que Moreno podía afectar pero no destruir.

Las empresas nacionales son un patrimonio para sus países y, aunque su sola supervivencia no justifique que deban ser subvencionadas ni minimizar la mala praxis de sus conductores, se debe tener en cuenta su valor social.