El Gobierno habilitó que las sociedades extranjeras puedan inscribirse sin identificar a sus accionistas
La flexibilización de las exigencias a sociedades extranjeras para poder inscribirse en el país abrieron un nuevo frente para el Gobierno esta semana. Desde “Buenos Aires offshore” hasta “guarida fiscal”, fueron las definiciones que se escucharon y leyeron esta semana en los medios críticos –y no tan críticos– acerca de las consecuencias de los cambios introducidos por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el reglamento para este tipo de sociedades.
Los puntos más polémicos de los cambios son aquellos que ahora establecen que las sociedades extranjeras no es- tarán obligadas a documentar oficialmente quiénes son sus accionistas al momento de inscribirse en el país.
La falta de identificación de los accionistas de estas sociedades será total: ninguna documentación oficial que acredite nombre ni pasaporte, domicilio ni cantidad de acciones en la sociedad o porcentaje en el capital social.
En la nueva resolución, la IGJ sostiene que “apreciará con criterio restrictivo” solo los casos de sociedades que provengan de países catalogados como “no cooperadores” en la lucha contra el terrorismo.
Las autoridades de la IGJ también modificaron el artículo que imponía que este tipo de sociedades debían demostrar que no tenían vedado o restringido sus actividades comerciales en el país de origen.
PERFIL intentó durante la semana consultar a las autoridades del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Fuentes oficiales afirmaron que el objetivo de las modificaciones es adaptar las reglas a las aspiraciones económicas del Gobierno.
En el Ejecutivo, consideran que estos cambios “alientan la inversión en el país” porque la doctrina anterior impicaba “muchas restricciones” tanto a la sociedades extranjeras como a las locales. “Ahora puede constituirse una sociedad anónima en 24 horas”, sostuvieron. “Pasamos de veinte pasos a la mitad”, agregaron.