Por la sobrepoblación carcelaria, podrían beneficiar a 1.400 presos
Desde el Poder Judicial buscan una medida que pueda aliviar el cuadro de hacinamiento que existe en los penales bonaerenses.
Las cárceles bonaerenses están desbordadas. Donde antes dormía un preso, ahora duermen dos o tres. Por esa razón, desde el Poder Judicial presionan para descomprimir la situación y proponen beneficios para más de 1.400 detenidos.
El plan es que continúen el proceso con medidas alternativas a la prisión efectiva, como por ejemplo el arresto domiciliario con tobillera electrónica. La decisión, que generó un fuerte malestar en el gobierno provincial, beneficiaría a 1.421 personas privadas de su libertad, siempre y cuando la Justicia entienda que están en condiciones de recibir ese beneficio.
Entre los posibles beneficiados figuran detenidos que tienen problemas de salud grave o mujeres embarazadas, según indicó a PERFIL una fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“De ninguna manera el gobierno provincial recomienda enviar presos a prisión domiciliaria”, aclaran a este diario desde el Ministerio de Justicia bonaerense.
En la actualidad, son más de 1.900 las personas que están bajo el sistema de arresto domiciliario en la provincia de Buenos Aires. Las fuentes recalcan que el programa tiene un porcentaje muy bajo de quebramiento.
Los voceros señalan que “existen 300 detenidos extranjeros que están en condiciones de ser expulsados del país” y aseguran que apenas “el 2% de los presos están enmarcados en lo que dice el artículo 10 del Código Penal de la Nación para prision domiciliaria (enfermos, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 4 años, etc.)”.
Uno arriba del otro. Respecto de la situación en los penales bonaerenses, el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue lapidario: la población carcelaria creció un 20% el año pasado, agravando –aún más– las condiciones de hacinamiento.
El SPB tiene bajo su órbita 50 cárceles y 12 alcaidías. En diciembre de 2017 contaba con 20.071 plazas y una población de 38.020 personas. Según la CPM, “esto representa un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016”.
Un dato impor tante del informe es que “por primera vez el Ministerio de Justicia no informó la cantidad de personas fallecidas en los penales bonaerenses”.
La CPM documentó al menos 134 personas fallecidas, pero todo indicaría que el número sería mucho mayor. “Las condiciones de detención, la deplorable situación de la salud penitenciaria y el mismo silencio oficialista nos obligan a ser pesimistas y creer que el número de muertos es mucho mayor”, dice el informe.
En cuanto a las mujeres, el informe destaca que entre los años 2002 y 2017 la cantidad de detenidas creció 197%.
“En 2017 había 1.346 mujeres privadas de su libertad en cárceles bonaerenses, que representaban el 4,3% del total de detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Asimismo, el sistema penal también reproduce desigualdades de género: 6 de cada 10 mujeres están detenidas sin haber sido condenadas, 10% más que los varones detenidos con prisión preventiva”, señala el trabajo.