El recorte en los ministerios no llegará a secretarios, subsecretarios ni directores
El plan de reordenamiento de ministerios que anunció el Gobierno se convirtió en un fuerte gesto político destinado a reducir la mesa de toma de decisiones pero, por ahora, no representa recortes ni en la cantidad de puestos ni en el presupuesto destinado a cada área. En la modificación de la Ley de Ministerios que se publicó –tardíamente– el último miércoles se detalla que los cambios tienen como objetivo “concretar las metas políticas diagramadas en materia de reducción presupuestaria”. Sin embargo, en la planilla de cálculo de cada dependencia por ahora no se vislumbran recortes significativos.
De las 23 dependencias con rango ministerial, quedaron solo 10 y las demás se convirtieron en Secretarías de Gobierno, una categoría nueva que fue creada para no complicar los organigramas existentes y dejar a los actuales secretarios, subsecretarios y directores con la misma jerarquía. El sueldo de un ministro es de alrededor de $ 185 mil en bruto por mes, cifra que se encuentra congelada desde enero hasta comienzos de 2019, mientras que un secretario tiene un salario de $ 168 mil en bruto por mes.
En el medio se ubica la nueva categoría de secretario de Gobierno, entre los que figu- ran Adolfo Rubinstein (Salud), Javier Iguacel (Energía), Jorge Triaca (Trabajo), Pablo Avelluto (Cultura), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología), Sergio Bergman (Ambiente), Gustavo Santos (Turismo) y Luis Etchevehere (Agroindustria), pero en principio no significaría una reducción en sus salarios. En tanto, dos cargos que desaparecieron fueron los de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, quienes integraban el tridente de decisiones de la Jefatura de Gabinete junto a Marcos Peña.
Según precisaron a PERFIL desde el área de Modernización, otra de las secretarías de Gobierno que sigue a cargo de Andrés Ibarra, que ahora pasa a formar parte de la estructura de la Jefatura de Gabinete, el recorte de dinero y de cargos “ya se hizo a principio de año con unos mil cargos políticos que fueron dados de baja y significaron unos 1.500 millones de pesos”.
De acuerdo con la nueva normativa, cada dependencia tiene 60 días para definir cómo se harán las fusiones para intentar hacer más funcional el trabajo diario, que podría contemplar la unificación de áreas comunes dedicadas a temas administrativos y de recursos humanos, entre otros, pero no hay una orden desde el Gobierno para alcanzar ninguna meta de reducción.