La absolución del carnicero y un fallo que genera dudas
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, celebró la decisión de declarar inocente al comerciante. Letrados coinciden que un jurado técnico lo hubiese condenado.
”Se hizo justicia, voy a poder seguir estando con mi hija y voy a poder ir a trabajar como hice siempre”, exclamó Daniel Oyarzún al salir de los tribunales de Zárate-Campana. Minutos antes, un jurado popular había determinado su inocencia en el hecho que lo llevó a juicio: atropelló y mató a un ladrón que lo había asaltado. Ocurrió en septiembre de 2016, a pocos metros de su carnicería, blanco del robo.
Al conocerse el fallo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró –en Twitter– que la absolución de Oyarzún “es un verdadero acto de justicia” y consideró “histórico” el juicio. En el mismo sentido, la diputada de Cambiemos Carolina Píparo –víctima de una entradera en la que murió su bebé Isidro– consideró que “el sentido común prevaleció” con la absolución del carnicero.
Consultada por PERFIL, la abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi) María del Carmen Verdú manifestó que la decisión del jurado popular “convalida lo que el discurso oficial y ciertos medios legitiman como ‘justicia por mano propia’, que no es justicia sino linchamiento extrajudicial”.
“Del video surge sin dudas que la situación de peligro para el comerciante había cesado, porque quienes lo asaltaron habían salido del comercio y escapaban en moto. Para recuperar su dinero, el carnicero los persiguió, y, cuando por una mala maniobra cayeron al piso, arrolló al que finalmente falleció, aplastándolo contra un poste”, dijo y añadió: “Es la escena de una ejecución deliberada de una persona que –haya cometido el delito que fuera momentos antes– sólo trataba de escapar en ese momento, sin amenazar la vida ni la integridad física del comerciante. Que un jurado popular haya calificado ese asesinato como ejercicio de la legítima defensa sólo se puede explicar a partir del éxito de las campañas de ‘ley y orden’ que impulsa el gobierno macrista y que reproduce y amplía su aparato mediático, logrando así la construcción de un ‘enemigo social’ al que hay que ‘aniquilar’ como sea. Es la ‘doctrina Chocobar’ aplicada a un particular, que representa un nivel extremo de odio de clase, y concluye que recuperar $ 5 mil vale una vida”.
Margen de error. En ese mismo sentido, el abogado Marcelo Parrilli –quien aclara que está a favor del juicio por jurados– manifestó que “un jurado técnico”, sin dudas “habría condenado por homicidio o por exceso de legítima defensa a Oyarzún. En todo juicio y en los procesos penales hay un margen de error y arbitrariedad. Prefiero que sea del pueblo y no de la corporación judicial. Lo que sucede es que hay un sector muy grande de la sociedad a favor de la pena de muerte en estos casos. La absolución era cantada”.
Sergio Doutres -abogado que actuó en los casos Candela y Melina- destacó la habilidad del defensor del comerciante al elegir el juicio por jurados como estrategia para beneficiar a su cliente. “Un tribunal colegiado aplica la ley de forma muy fría, un jurado popular es totalmente distinto. La diversidad de personas que lo integran es muy importante. Por eso es clave, la selección”