El Gobierno admite que aún no tiene pruebas para echar a los extranjeros
Pese a haberlos señalado por atentado a la democracia, por haber traicionado la confianza de los argentinos que los acogieron e incluso haber incursionado en “actos pre-insurreccionales”, el Gobierno no podría expulsar a los extranjeros que presuntamente participaron en desmanes de un modo tan simple como dejaron entrever. Al momento, según lo que pudo constatar PERFIL, ni siquiera fueron notificados de los cargos que se le imputan y por los cuáles podrían ser llevados a un eventual procesamiento penal.
En dos de los cuatro casos, el del ciudadano de origen turco con residencia permanente en Argentina, Anil Baran, y el paraguayo Luis Fretes, fuentes del Gobierno nacional y porteño reconocieron que, aún condenados por la Justicia, las posibilidades todavía serían escasas por los lazos que ambos supieron construir en Argentina. Barán, casado con una argentina desde hace un año y a punto de iniciar la nacionalización, y Fretes por tener, al menos, un hijo argentino. Las mismas fuentes tampoco pudieron ratificar, al cierre de esta edición, que alguno de los cuatro extranjeros se encuentren dentro del grupo de 14 personas que fueron detenidos en flagrancia, en medio de actos violentos o con elementos en su posesión como bombas molotov o gomeras. Hay otros 12 detenidos tras las rejas, además de las encarcelados por flagrancia.
“Con respecto a la regularidad, todos están radicados en Argentina”, confirmó a PER- FIL el director nacional de Migraciones, Horacio García. “Desde el punto de vista político, es bien claro. Si estas personas tienen vinculación con estos hechos, les vamos a cancelar la residencia, los vamos a declara irregulares en la permanencia en el país y vamos a ordenar su expulsión”, añadió. No obstante, no pudo confirmar que esas pruebas existan aún. Asegura que están esperando los tiempos de la Justicia. “Si realmente lo hicieron, nosotros, desde el Estado, no queremos que esas personas formen parte del cuerpo social en Argentina”, insistió.
“El fiscal aún no les informó cuál es la conducta que se les reprocha. No les dijo de qué se los acusa”, apuntó Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta organización, junto con el equipo legal de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la abogada Claudia Cesaroni están coordinando la eventual defensa penal de Baran y Fretes. Los hermanos venezolanos Felipe Javier y Víctor Eduardo Puleo Artigas eligieron una defensora oficial aunque también se plegarían ante una eventual ofensiva penal de la fiscalía porteña. Hasta la semana próxima no se esperan novedades aunque los abogados ya avanzan en las pruebas que demuestren la inocencia de sus defendidos, desde tarjetas SUBE hasta registros diplomáticos.