Aportantes truchos: cómo la Justicia se contradice con la causa de la campaña K
El caso de presunto lavado en la campaña bonaerense de Cambiemos tiene similitudes con
En la recaudación de sus campañas electorales, el juego de las diferencias entre oficialismo y oposición se queda chico. Sin embargo, el caso de los aportes truchos es un claro ejemplo de cómo la balanza de la Justicia todavía se inclina a favor de Cambiemos en los tribunales federales. No es exclusivo al tema aportantes. Mientras las causas contra el macrismo avanzan a paso lento, los kirchneristas, ya lejos del poder, son el blanco casi predilecto de muchos juzgados y fiscalías de Retiro. “Siempre es más complejo investigar a la administración actual porque controlan los lugares de información clave para investigar al Gobierno. Pero además de estas complicaciones reales, hay una necesidad de no trascender o levantar el perfil. En algunos casos, los jueces y fiscales avanzamos en silencio para evitar ser objeto de la capacidad de daño del Ejecutivo”, dice un hombre de los tribunales.
En 2007, el 34% de los aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y Julio Cobos provenían supuestamente de empresas de la salud, pero resultó ser falso. En la campaña bonaerense 2017 de Cambiemos, casi el 25 % de los aportantes presentados por el partido son pobres, como reveló PERFIL el domingo último. Decenas de ellos ya han declarado que no pusieron un peso.
Cambiemos busca que las causas penales por los apor- tantes truchos se extingan y el caso se investigue solo en el ámbito electoral, con consecuencias mucho más benignas para el partido de gobierno. El mismo criterio es el que adoptaron varios actores judiciales centrales en este caso: el juez y el fiscal electorales de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu y Guillermo Ferrara; el fiscal Carlos Stornelli y el camarista Martín Irurzun. La conclusión de todos ellos es que el caso de los aportantes truchos, que implicó la usurpación de identida- des, falsificación de documentos públicos, la justificación de dinero de origen desconocido, entre otros posibles delitos, debe ser investigado como irregularidades electorales.
Sin embargo, en el caso de los aportes de la campaña kirchnerista de 2007, la Justicia adoptó criterios totalmente opuestos. La jueza María Servini ordenó suspender cualquier decisión en el fuero electoral hasta que la Justicia penal determinara si el dinero era de origen ilícito.
En la causa contra el Frente para la Victoria, el juez Ariel Lijo estableció más tarde que los recaudadores de la campaña 2007 montaron un maniobra de lavado para efectivamente blanquear aportes de origen ilícito. Para hacerlo, contaron con la complicidad de droguerías que hacían negocios con el Estado. Muchas estaban en quiebra y aún así prestaron sus cheques y cuentas bancarias para simular aportes con dinero cuyo origen todavía hoy se desconoce. Lijo sospecha que se trató de fondos de aportantes que tenían prohibido por ley realizar contribuciones a la campaña. La misma sospecha que pesa sobre Cambiemos. En la recaudación de 2007, incluso se detectó que la cuenta bancaria de una droguería que figuraba aportando no había tenido movimientos hasta que recibió la inyección de fondos que fueron retirados para ser aportados a las arcas del FpV.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, entonces integrada por Iruzun y Eduardo Farah, confirmaron los procesamientos de los responsables de la campaña K en 2016. La causa está camino al juicio oral. Serán juzgados Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo, Hernán Diez y los empresarios Néstor Lorenzo, Gabriel Brito y Carlos H. Torres.
No solo la cámara que entiende en lo penal confirmó que el caso de lavado en una campaña electoral es un caso penal. También lo entendió así la Cámara Nacional Electoral, que sentó un antecedente ahora olvidado: si un juez electoral detecta un posible delito penal en la recaudación de una campaña debe denunciarlo para que se investigue en el fuero penal.