Durísimos cargos contra los separatistas catalanes
La Fiscalía General española decidió procesar por rebelión a los principales líderes de la declaración unilateral de independencia de octubre del año pasado. El Gobierno, en cambio, optó por el delito de sedición, menos grave.
La fiscalía española pidió ayer penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes que deben ser juzgados por intento de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado, que depende del gobierno, redujo a la mitad las penas, al optar por el delito de sedición.
La diferencia entre los delitos de rebelión y sedición estriba en el grado de violencia que se use.
El juicio debe empezar a principios de 2019, más de un año después de que los líderes catalanes intentaran separar- se de España, en octubre de 2017, organizando un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamando una república independiente.
En el proceso no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat, que se encuentra exiliado en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la Justicia española no juzga en ausencia. Doce. La fiscalía general solicita entre siete y 25 años de cárcel para 12 dirigentes independentistas acusados de rebelión, malversación o desobediencia grave.
Según la acusación, el gobierno y el Parlamento regionales, en colaboración con asociaciones independentistas, desplegaron un “plan orquestado” para “declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio”.
Al frente de esta rebelión, la fiscalía ubica al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año, para quien reclama 25 años de cárcel.
También otorga un papel dirigente a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes reclama 17 años.
Asimismo, solicita 16 años para cinco ex consejeros del gobierno actualmente encarcelados por rebelión, siete años para otros tres acusados únicamente por malversación, y multas económicas para seis parlamentarios acusados de desobediencia.
“¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una República Catalana?”, lanzó el actual presidente regional Quim Torra. Defensa. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó que la Abogacía del Estado haya hecho “gestos” al independentismo al optar por el delito de sedición y subrayóque sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.
“No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales”.