Financiamiento educativo
En la mayoría de los países desarrollados, la inversión en educación, ciencia y tecnología es una política de Estado sostenida desde los años 50 del siglo XX como factor de crecimiento y desarrollo económico y social. Aunque sufrió los vaivenes de las transformaciones sociales, políticas y económicas, la calidad institucional del Estado de Bienestar aún permanece con niveles de prestación de bienes y servicios aceptables para el conjunto de la sociedad.
En América Latina, los distintos países impulsaron políticas de incremento sostenido de los niveles de inversión en educación, ciencia y tecnología desde la década del 80, en función de la ampliación de la cobertura impulsada por la mayor demanda social de educación.
La Argentina no se encontró ajena a estas tendencias globales y regionales, y recién luego de la salida de la última dictadura cívico-militar, con la apertura democrática, se incorporó de manera ininterrumpida la perspectiva de ampliación del derecho a la educación, requiriendo mayores niveles de inversión. Ahora bien, ¿cómo fue la evolución de la inversión educativa en los últimos cuarenta años? ¿Cuáles fueron las estrategias para sostener los niveles de financiamiento?
La apertura democrática trajo un reclamo histórico por incrementar el financiamiento educativo: éste no obedece a una apelación políticamente correcta sino al prerrequisito de generar las condiciones materiales mínimas para garantizar una educación de equidad y calidad para toda la sociedad. En cada período de administración de gobierno se impulsaron distintas iniciativas que procuraron aportar soluciones a los niveles requeridos (o al menos posibles) de inversión en educación, en un sistema configurado bajo un esquema de centralización de los recursos por parte del Estado nacional y de descentralización de los servicios educativos (gastos) en los Estados provinciales.
Se pueden distinguir cuatro períodos bien diferenciados en el análisis de la inversión consolidada (Nación, provincias y municipios), medida por el producto interno bruto (PIB). Primero: en la década del 80 se mantuvo prácticamente en torno al 2,5-3,0%. Segundo: en la década del 90 se incrementó del 2,8% al 4,0% del PIB, adicionando 1,2 puntos porcentuales en un marco de fuertes reclamos gremiales y reforma del Estado, con la culminación de la descentralización de los servicios educativos a las provincias. Tercero: entre 2003 y 2015 se pasó del 3,4% al 6,2%, registrándose un crecimiento inédito de 2,5 puntos adicionales de la economía destinados a la inversión en educación, ciencia y tecnología, un incremento impulsado por la Ley de Financiamiento Educativo que permitió alcanzar el 6% del PIB. Cuarto: desde 2016 y 2017 se registró un cambio en la tendencia creciente de los niveles de inversión, retrotrayéndola a niveles del año 2011.
La perspectiva del mediano y largo plazo reciente evidencia la necesidad de incorporar en el esquema del financiamiento educativo en Argentina, un conjunto de reglas objetivas y un mecanismo de coordinación entre los niveles de gobierno de la educación que identifique responsabilidades por objetivos, y que acompañe –mediante la asignación de recursos en base a objetivos y metas de políticas educativas– el destino y aplicación de los recursos.
Superar la lógica subyacente en el esquema del financiamiento educativo, invariable a lo largo de los últimos cuarenta años, persiste como el principal desafío de la educación a futuro. Aunque se propusiera alcanzar el 6%, 7%, 8% o 10% del PIB en los próximos años, lamento afirmar que, si no se modifica el esquema subyacente de financiamiento, estaremos con los mismos problemas estructurales irresueltos, pero –eso sí– con un nivel de inversión educativa inédito en Argentina.