Los riesgos de las “políticas antiterroristas”
La sobreactuación del Gobierno de Cambiemos un día antes del aniversario 25º del atentado a la AMIA se concretó en la creación de un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en un nuevo alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel. El gesto oculta el nulo avance en la investigación del atentado y desvía la atención sobre la falta de impulso del Gobierno a la investigación del encubrimiento –por el contrario, el ministro de Justicia apoyó a personas actualmente condenadas por haber participado de esas maniobras–.
El 12 de julio de 2005, el Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por la violación del derecho a la vida y a la Justicia. Sin embargo, aún no hay una verdadera investigación del atentado, falta investigar un tramo del encubrimiento, reparar a las víctimas y encarar las reformas institucionales, entre ellas, la del sistema de inteligencia. En este contexto de incumplimiento, la CIDH podría enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El alineamiento y la sobreactuación oficial pueden tener efectos graves de política exterior, con derivaciones cuyos límites no conocemos. Involucran, otra vez, al país en el conflicto de Medio Oriente, como un eslabón débil y sin manejar ningún escenario.
La visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado de EE.UU. para una cumbre antiterrorista organizada por la Cancillería y realizada especialmente para el aniversario del atentado, es señal de esa reorientación de la política internacional del país y la importación del paradigma de las “nuevas amenazas”.
Los efectos hacia el interior no son menos graves. Pensar la seguridad asociada al terrorismo y a la seguridad nacional, solapa las políticas de Seguridad y Defensa y justifica mayores dosis de oscuridad del Estado. Habilita mayor poder para los servicios de inteligencia, recorte de garantías y controles más débiles. El decreto, de hecho, reproduce los problemas ya identificados por la Relatoría Especial de la ONU sobre la indefinición del alcance de las actividades terroristas y su posible asociación con actividades políticas o de disidencia legítimas.
En forma complementaria, una comisión del Congreso aprobó en estos días un proyecto para realizar juicios en ausencia. Esto también es parte de las demandas internacionales con la justificación falsa de que facilita el juzgamiento de los responsables del atentado.
Así, un cuarto de siglo después del mayor atentado que sufrió el país, el Gobierno invoca la memoria de las víctimas para mostrar al país asociado a la “lucha contra el terrorismo” sin que esa posición en el plano internacional tenga ningún correlato con acciones concretas de investigación y Justicia que rompan la lógica que llevó a la impunidad.
El desvío de la investigación del atentado fue un antecedente de las peores prácticas judiciales, las que distorsionan el debido proceso y politizan las causas penales con operaciones de inteligencia y mediáticas.
El tribunal que juzgó el encubrimiento confirmó que existieron causas mellizas, legajos secretos, información de inteligencia sin sustento, arrepentidos falsos o extorsionados, pagos ilegales y detenciones arbitrarias. No hay pruebas para juzgar, no se puede identificar información verdadera de la falsa y eso es consecuencia, entre otras cosas, de que la UFI AMIA fue colonizada por la ex SIDE.
La trama compleja –política, judicial y de inteligencia– que hizo posibles años de naufragio de la investigación no fue desentrañada por completo y sus peores rasgos se acentuaron en los últimos años. De hecho, algunos de los pocos pasos que se habían dado para reformar el sistema de inteligencia fueron desestimados por este mismo gobierno. El verdadero compromiso con la verdad, la memoria y la Justicia exige que estos pactos, finalmente, se rompan.
*Directora de Justicia y Seguridad del CELS.