EE.UU. sancionó a cuatro militares venezolanos
El departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer a cuatro militares de la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del gobierno chavista, a los que responsabiliza de la muerte por presuntas torturas del militar Rafael Acosta, detenido por supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Los oficiales son el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la Dgcim; el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar; Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones; y Rafael Blanco Marrero, ex director de la región central de la Dgcim.
La periodista especializada en la fuente militar, Sebastiaba Barráez, aseguró que Granko es un hombre de absoluta confianza del jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala, “lo que ha permitido que el oficial imponga actos brutales de tortura contra los detenidos”.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos cuatro militares. “Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad”, señaló en su cuenta de Twitter.
Abusos. En el comunicado con el que anunció las sanciones, el Tesoro sostuvo que “la Dgcim, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir a la disidencia”, y se decidió por las medidas “tras el arresto, abuso físico y muerte” de Acosta.
“El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificados e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar la medida.
“Estados Unidos utilizará toda su autoridad para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano”, agregó.
La sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
El Tesoro ya había incluido a la Dgcim en su lista negra el 11 de julio.
Sin cuartel. Washington, que lidera la presión internacional para sacar del poder a Maduro, cuyo gobierno considera ilegítimo, ha sancionado a decenas de funcionarios, ex funcionarios y entidades de Venezuela en los últimos dos años.
Entre los sancionados están el propio Maduro y su hijo, acusados de corrupción, narcotráfico y violaciones de los Derechos Humanos, así como a las empresas vinculadas a la élite gobernante y también a la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela.
Ayer, el Tesoro volvió a subrayar, como viene haciéndolo en los últimos meses, que las sanciones pueden retirarse si los afectados “toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el gobierno y combaten la corrupción en Venezuela”.