Volvieron los manteros. En la zona de Once y Corrientes hay 200. Crecieron 20% por vacaciones.
Por las vacaciones de invierno, la presencia de vendedores ambulantes se incrementó un 20% en el último mes. También hay en Constitución.
En planchas de telgopor, perchas, bolsas de consorcio y hasta en los propios brazos, los vendedores callejeros de mercadería ilegal no se dan por vencidos y aún se los puede ver ofreciendo sus productos por los alrededores de las estaciones Once y Constitución, en el cruce de las avenidas Corrientes y Pueyrredón o en algunas calles y avenidas del centro porteño. También, caminando en los llamados centros comerciales a cielo abierto, como la avenida Avellaneda o la propia peatonal Florida, entre otros.
No solo cambió la forma de ofrecer sus productos, también se modificó la forma de instalarse. Los vendedores callejeros, en su mayoría inmigrantes senegaleses, se reúnen en las esquinas más concurridas y exponen sus artículos en bolsas, cajas o telas que levantan rápidamente ante la presencia de inspectores de la Ciudad o fuerzas de seguridad. Las alertas se dan a través de llamadas por celulares o directamente a los gritos, de una cuadra a la otra. “Copiaron el modelo de los manteros en Europa. Levantan todo en segundos y corren”, aseguran desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). PERFIL presenció esta semana cómo los vendedores ambulantes salían corriendo por Pueyrredón, Jujuy y Rivadavia con las bolsas al hombro tras la presencia de fuerzas de seguridad.
Entre la mercadería que ofrecen ilegalmente sobresalen productos del rubro indumentaria y calzado, seguido por el de alimentos y bebidas, óptica, fotografía, relojería y joyería.
Según datos del Gobierno porteño, la cifra de vendedores ambulantes ronda entre los 180 y 200, de los cuales unos 160, el 80%, son inmigrantes de Senegal. El resto se divide entre argentinos o de países limítrofes. El número se incrementó casi un 20% respecto de meses anteriores. De acuerdo con lo que explican desde la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público porteño, el motivo tiene que ver con las vacaciones de invierno y la mayor afluencia de turistas del interior del país que visitan la Ciudad. “Combatir la venta ilegal es una decisión política. Los metros cuadrados recuperados tras los desalojos no volverán a ocuparse con mercadería ilícita. Todos los días trabajamos para que esto no suceda”, aseguró Paula Scauzillo, a cargo de ese organismo público. La funcionaria explicó, además, que “los operativos se realizan a diario en puntos fijos como Once, Avellaneda, Liniers, Florida, Corrientes Cultural y Acoyte. Los extraordinarios, como los allanamientos, se planifican con anticipación y se realizan junto con las fuerzas de seguridad”, agregó.
“Seguimos de cerca esta situación que es muy preocupante para el sector. Cuando notamos la presencia de vendedores ilegales realizamos las denuncias tanto en la Fiscalía como en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El objetivo es defender al comerciante legalmente establecido”, aseguró Fabián Castillo, titular de esa entidad.
Desde la Cámara de Comercio, informaron que en el mes de junio se detectaron 524 puestos de venta ilegal callejera en la Ciudad, según el informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la entidad. Esto representó una suba de 30% en relación a la medición de mayo de 2019 y un alza de 25,1% en relación a junio de 2018. Para la CAC la avenida Pueyrredón concentró 74 stands, con una participación de 29,1% en el total detectado en avenidas y calles. “Nos parece una mala noticia para el comercio legal. Este tipo de actividad tiene perjuicios no sólo en el comercio, sino también en la sociedad. No garantizan la seguridad e higiene de lo que se consume”, asfirmó Ana Laura Jaruf de esa entidad.
Asociación ilícita. El Ministerio Público Fiscal asegura que desde hace hace más de dos años dos se viene realizando una investigación en la que se realizaron más de 60 allanamientos, en depósitos y viviendas en Liniers, Flores, Constitución y Once. La misma está a cargo de Celsa Ramirez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N° 35. Allí se encontró mercadería apócrifa y pasaportes falsos. Para la Justicia porteña, es una organización criminal que reclutaría a los inmigrantes africanos haciéndolos ingresar en forma clandestina a través de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, la frontera seca con Brasil, para luego llevarlos a Buenos Aires.