Estudian extender el plazo para que más venezolanos denuncien a Maduro
La dramática realidad venezolana se metió de lleno en la campaña esta semana, con la reunión del Grupo de Lima en Buenos Aires y la apertura del registro de denuncias de víctimas o testigos de violaciones a los Derechos Humanos en aquel país, dos escenarios donde Cambiemos marca diferencias con su principal rival frente a la crisis más cruda que vive el continente. Ahora barajan ampliar el plazo de toma de denuncias y enviar equipos interdisciplinarios a las provincias.
Por ahora, el Gobierno prefiere la cautela. No difundieron datos provisorios sobre la actividad en el Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados por razones de confidencialidad, pero certifican que el número de testimonios y consultas a la línea teléfonica 149 los alienta a seguir. Hoy esperan sumar más casos en el primer día no laborable de la semana, por el apoyo de referentes locales de la comunidad venezolana a los que solicitaron que difundan este dispositivo. Sobre esa base, prorrogarían el plazo original del 31 de julio y tienen dispuesto viajar a las provincias que reúnan una cantidad relevante de solicitudes.
Hasta el momento, las denuncias se toman de forma presencial, en el barrio de Constitución, por abogados capacitados en crímenes de gravedad, y psicólogos. Los puestos de atención se reparten en tres oficinas al margen del hall central desde el cual orientan a quienes se aproximan según concurran a brindar testimonio o a solicitar, simplemente, asesoramiento administrativo. Pueden tomar hasta diez denuncias en simultáneo.
El proceso sigue un protocolo de estándares técnicos acorde a la práctica de la Corte Penal Internacional (CPI) a fin de homogeneizar el resultado. Y son anónimas, salvo que, en el futuro, alguna instancia internacional demande una ampliación para avanzar penalmente. Mientras, permanecerán como documentos rotulados bajo códigos en el Archivo de la Memoria de la ESMA.
Desde los organismos de la sociedad civil ven con buenos ojos la convocatoria y el procedimiento aunque mantienen cierto recelo sobre destino final de esos datos por la expectativa generada entre las víctimas. Algunos fueron invitados a participar como observadores, sin injerencia alguna. Cuando concluya el proceso, las autoridades responsables valorarán jurídicamente los registros a fin de reunir los crímenes de lesa humanidad en un informe para ser elevados a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la CPI, donde la Argentina y otros países radicaron una denuncia el año pasado.
El registro también formó parte de las deliberaciones del Grupo de Lima, el martes. Uno de los países que mayor número de venezolanos ha recibido ya expresó su deseo de copiarlo.
Para el Gobierno, la comparación con Venezuela forma parte del discurso de campaña. Lo ponderan como un tema pleno de ganancias en la construcción de una identidad antagónica a sus rivales. Porque les permite consolidar su perfil “antipopulista”, pero también por lo incómodo que resulta al kirchnerismo abordarlo.
La comparación con Caracas les permite consolidar su identidad “antipopulista”