Con pandemia o sin ella, la defensa no está en las prioridades de los gobiernos argentinos
La autora plantea una carencia que aún se debe la democracia, y mucho más en una situación crítica como la actual: definir un rol para las Fuerzas Armadas, coherente con un proyecto nacional y democrático.
Las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el país, asistiendo con sus capacidades a la forma en que el Estado argentino está tratando de enfrentar una amenaza a la seguridad de sus ciudadanos, que tiene forma de virus, y cuya área de responsabilidad principal es la salud pública. Cumplen una misión subsidiaria poniendo a prueba capacidades logísticas, principalmente.
Mientras tanto, la reciente derogación y restablecimiento de normas anteriores relacionadas con la defensa nacional da cuenta y confirma que:
Primero, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa ha servido más para satisfacer demandas académicas, que para resolver la defensa argentina y sobre todo su instrumento militar. No solo se concretó mucho tiempo después que la ley, sino que tanto con la reglamentación anterior (que ahora se vuelve a poner en vigencia), como con la que ahora se está derogando, se realizaron los operativos en el Norte (Fortín I y II y Escudo Norte), que prevén el uso interagencial de fuerzas de seguridad y defensa en un problema que afecta la seguridad de los ciudadanos y que es orden interno y responsabilidad de la seguridad pública.
Con argumentos parecidos, se permitió un trabajo interagencial necesario y con las mismas responsabilidades delimitadas en ambos decretos (porque son las que sostienen las leyes).
Además, se evidencia más accionar en el Ministerio de Defensa destinado a modificar marcos normativos, que en avanzar en la definición de un rumbo. Una directiva actualizada sigue pendiente.
No se construye sobre lo hecho, sino solo se deroga y empieza de nuevo. Como si no fuera posible que en cuatro años vengan otros que hagan lo mismo. Ninguna contribución a la profesionalización del Estado.
Cuando se toman decisiones en soledad (y esto cabe también a la gestión anterior y sus normas), la probabilidad de estabilidad y proyección (esencial para este tipo de decisiones) es efímera. No hay que probarlo. Ya lo sabemos. No hay leyes ni decretos que no se pueden torcer, derogar, reformar. Lo que ocurrió con la ex Escuela de Defensa
Es fundamental que Argentina esté preparada para lo que la Constitución le manda y en un mundo en el que no vamos a elegir la amenaza, por lo que requiere un Estado con todas sus agencias preparadas.
y sus estatutos y reglamentos al principio de la gestión anterior, durante la pasada y ahora, evidencian lo mismo.
Reformas. La Defensa no le importa a la política. Se usa a los militares de turno para construir planes, programas, reestructuraciones y reformas una y mil veces. Siempre es una “profunda reforma militar”. Siempre con menos recursos. Siempre inconclusas. Cada vez cambiando algo. Nunca articulada entre gobierno y oposición para que se sostenga.
Hay un desacople entre lo que se dice en la norma y lo que se hace en realidad. Ejemplo de ello es que se incluye (de nuevo) la construcción de un instrumento militar regional –que comparto y debiera priorizarse– mientras en política exterior las señales van en contrario. Aun más, mientras estuvo vigente, lo avanzado fue nulo. Y los únicos pasos que se dieron tuvieron que ver con la seguridad y/o misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas (catástrofes, misiones de paz).
Esta vez parecía que los actores (oficialismo y oposición) estaban maduros para definir juntos una política de defensa que no requiera estos vaivenes. Había gestos que alentaban esa esperanza.
Unos y otros habían dejado claro incluso en las normas aprobadas que las fuerzas de seguridad y las militares tienen naturaleza diferente, y responsabilidades primarias distintas. Ni siquiera Cambiemos se atrevió a proponer cambiar la ley en este punto. Simplemente permitió una interpretación más ancha que, alega, estaba en el espíritu de la ley. Argumentos de ambas partes para decir lo contrario. Al final es semántico. Ninguna quiere los militares de policías. Ambos decretos suscriben la división. Aun así, en todos los órdenes del Estado y en todas las políticas públicas de este siglo, lo que se requiere es que haya capacidad de trabajar interagencialmente. En los hechos, ambas partes suscribieron esta regla que la realidad impuso.
Frontera. Preocupa que siga siendo prioridad definir la frontera, y no se perciba el mismo esfuerzo en construir el instrumento que evidencia su naturaleza. En construir nuestra capacidad de defensa y en conseguir los recursos para sustentarlo. Porque hoy no hay defensa en la Argentina más que para hacer todo lo subsidiario, y aun así, con serias limitaciones.
Las fronteras entre la seguridad humana y la global están muy mezcladas. Hay que construir un Estado más profesional con claridad de funciones y sobre todo claridad de intereses. Estos debieran realizarse entre todos, y no por parcialidades.
Demasiada tinta volcada para explicar por qué sí y por qué no uno y otro decreto. La salida está en que ambos lados –de la academia, de la política– tengan el coraje de acordar con el otro un rumbo que haga que el instrumento militar de la Argentina nos dé Defensa y esté preparado para lo que la Constitución le manda y en un mundo en el que no vamos a elegir la amenaza, por lo que requiere un Estado con todas sus agencias preparadas para actuar juntas en defensa de sus ciudadanos. Hoy frente a un virus. Mañana no sabemos.
Al final, la política de defensa, como toda política pública, se conoce por sus resultados, no por las normas (¡decretos!) que deroga. Veremos entonces hacia dónde conduce la gestión, sin la oposición (como está evidenciando avanzar a pesar de gestos anteriores que parecían lo contrario). Hasta el momento, no hay ninguna señal de construcción pensada en las guerras futuras. Que para eso son las Fuerzas Armadas, o ¿no era esa su función principal?
*Politóloga, especialista en defensa, seguridad internacional e inteligencia. Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, UCA.