El kirchnerismo avanzó con una reforma que mete presión
El Senado le dio media sanción a la reforma del Ministerio Público. 'LSXWDGRV WHQGUI TXH GHÀQLU /D PLUD DKRUD HQ $OEHUWR ) \ 5DIHFDV
Sin mayores inconvenientes, el Senado dio ayer media sanción a la polémica reforma del Ministerio Público Fiscal y metió presión a distintos niveles políticos que ahora tienen en sus manos tanto la continuidad del Procurador General interino Eduardo Casal como la eventual designación de Daniel Rafecas.
En primer término, la discusión pasó ahora a la otra vereda parlamentaria y abre el interrogante sobre qué sucederá en la Cámara de Diputados. Por el momento no está asegurado el número para su aprobación, tal como sucedió con la reforma judicial, ni hay un cronograma elaborado acerca de cuándo podría arrancar el tratamiento en comisiones.
Y es ahí donde aparece el segundo protagonista involucrado en la cuestión, que es el presidente Alberto Fernández. Para que la Cámara de Diputados avance con su tratamiento antes de marzo, el Poder Ejecutivo debe incluir el asunto en el temario de sesiones extraordinarias. ¿Quiere Alberto Fernández dar curso a una reforma motorizada por Cristina Kirchner que podría complicar la designación de Rafecas? De acuerdo a las fuentes oficiales en el Congreso, diciembre será un mes intenso para Diputados sobre todo a partir de la confirmación de que el 10 de diciembre se tratará en el recinto el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y no quedaría lugar antes de fin de año para encarar otro debate de fuerte contenido ideológico.
El tercer involucrado es el propio Rafecas, que hace poco más de dos meses hizo notar que no estaba dispuesto a ser designado sin el aval de los dos tercios del Senado, una de las condiciones que modifica la reforma que avanza en el Congreso (ver aparte).
El Presidente volvió a referirse ayer al tema y en parte justificó la movida. “En defensa del Senado hay que decir que estuvimos varios meses intentando”, lograr la mayoría para la aprobación del pliego de Rafecas y explicó que “una cosa es cambiar la Constitución y otra es cambiar una ley, que además no exige mayorías simples, sino mayorías absolutas”.
Discusión. El senador neuquino Oscar Parrilli, al frente de las discusiones en comisión, fue uno de los defensores del texto elaborado por el Frente de Todos y recordó que hubo una “persecución” contra Alejandra Gils Carbó, la última procuradora designada por el voto del Senado. “¿Buscaron consenso? No les convenía, qué les convenía, tener un procurador interino como Casal que se dedicó a perseguir fiscales”, razonó Parrilli, y aseguró que ”no es que no quieren
“Es un trailer sobre cómo poner a los fiscales de la Argentina de rodillas.”
a Rafecas, quieren a Casal, que le sirvió durante estos dos años”. En ese contexto, blanqueó el objetivo del Frente de Todos y señaló que “una vez que tengamos la nueva ley, no se trata de Rafecas sí o Rafecas no, acá se trata de Casal sí o Casal no”.
La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado fue una de las encargadas de defender la postura opositora y utilizó la ironía para cuestionar al oficialismo: “De los creadores de la Reforma Judicial y el festival de cargos, siguió la presentación de cómo los saco a Bruglia, Bertuzzi y Castelli de sus cargos y ahora continúa con el trailer de cómo poner a los fiscales de la Argentina de rodillas”.
Reforma. El proyecto contempla en primer lugar que el candidato a la Procuración General deberá ser elegido con el acuerdo de una mayoría absoluta del Senado, es decir con la mitad más uno de los votos, que suman 37, sin importar la cantidad de legisladores presentes al momento de la decisión. En cambio, se mantiene el requisito de los dos tercios de los votos en el caso de que se pretenda desplazar del cargo al funcionario.
El mandato tendrá una duración de cinco años con la posibilidad de una reelección, siempre que no supere los 75 años y no se podrá realizar en aquellos años donde haya elección presidencial. Con este cambio, el cargo dejará de ser vitalicio, una condición que en Latinoamérica solo mantienen Cuba y Argentina.
A último momento también se realizó una modificación en el dictamen que establece que para la remoción se requerirán los dos tercios del Tribunal de Enjuiciamiento, cuando en el dictamen firmado la última semana solo se contemplaba la mayoría absoluta.