Recaudar versus gestionar
Hacer programas de gobierno requiere una expertise profesional. No es lo que está haciendo hoy el Enacom.
Un amigo siempre me dice que Twitter es una pérdida de tiempo. Quizás tiene razón pero yo me informo y río con esa red social. Hoy la información aparece segmentada. Nos enteramos por las redes de que a Sarlo le ofrecieron debajo de la mesa una vacuna y a cual participante de Masterchef lo eliminaron. Todo en una misma pantalla de celular.
El otro día me enteré de un notición. En la cuenta del Ente Nacional de Comunicaciones decía “Desde Enacom asignamos más de $ 1.500 millones a proyectos de conectividad para reducir la brecha digital y duplicamos el total adjudicado entre 2016 y 2019”. La pucha, dije, qué capacidad de gestión.
La dupla que cogobierna el segundo ente de mayor recaudación después de la AFIP es el massista Claudio Ambrosini y el kirchnerista Gustavo López. En un año no perdieron el tiempo de lanzar programas para ejecutar con el Fondo del Servicio Universal que se conforma con el 1% de la facturación de las empresas de telecomunicaciones. Pero claro, anunciar programas no significa que se ejecuten y menos que tengan impacto.
En 2020 Enacom le asignó $ 1.000 millones a un programa para desplegar infraestructura de internet en barrios populares y villas. Pero en vez de incentivar al sector privado con toda su experiencia en despliegues y mantenimiento de redes, les tramitaron rápidamente licencias y asignaron 50 palos a dos asociaciones civiles sin experiencia técnica pero con claro tinte político. Lo insólito es que ni El Hormiguero ni La Poderosa pueden presentar un seguro de caución para recibir los fondos. En fin.
La iniciativa privada en el sector comunicaciones la “cuidan” asignándoles $ 1.500 millones a empresas estatales provinciales que se van transformando en monopolios porque avanzan desde servicio mayorista de internet hasta la distribución final comiéndose a pymes y cooperativas que compiten a través de precios y ofertas de servicios.
Aquí hay que reconocer que esta idea fue heredada de la gestión de Silvana Giudici que no previó que la política de un programa para los gobernadores amigos se transforma en una herramienta en contra cuando se pierde las elecciones.
Hay un director peronista de Enacom muy contento de la cantidad que se lleva Salta, por ejemplo.
Gustavo López fomentó un programa para “instituciones públicas” al que le asignó $ 2.000 millones donde los destinatarios del dinero serán las provincias o los municipios. Para qué se la vamos a dar a proveedores de internet si siempre hay un intendente amigo con la consabida transparencia que va a señalar a quién sí y a quién no le reparte la tarasca para desplegar redes. Exquisiteces de la política.
El viejo programa de subsidios a pymes y cooperativas que proveen internet que inauguró el macrismo en 2016 sigue en pie. Sin embargo, alguien debería investigar por qué el Enacom no emite algunos libredeuda que las pymes y cooperativas necesitan para que les otorguen subsidios para sus proyectos de última milla y por qué se sugiere desde el ente usar un único proveedor cordobés de materiales para que se adjudiquen proyectos. Hay una sola ruta y muchos peajes.
Alguna vez tenemos que entender que los fondos públicos son sagrados y que hacer programas de gobierno requiere una expertise profesional. Los programas no son expresiones de deseo, sino planes integrales que pueden tener un impacto enorme en la población. El valor y la utilidad de la infraestructura de banda ancha con la pandemia se exponenció. El uso de las redes nos permitió teleconsultas de salud sin que se produzcan contagios, continuar con actividades a través del teletrabajo contribuyó a la gestión de la administración pública y sobre todo posibilitó la educación a distancia. Los ejemplos que lograron un mayor despliegue de fibra óptica en el mundo muestran un modelo para el desarrollo de la infraestructura en el que existe inversión pública y privada, y es el sector privado el que se encarga de la construcción, operación y mantenimiento de las redes desplegadas. Es así como durante el gobierno de Macri (Ah, pero Macri) se logró pasar de menos del 1% de despliegue de fibra óptica al hogar a un 12,5% incentivando la iniciativa privada de cooperativas y pymes. Los programas dispersos sin integralidad no sirven. Solo alimentan la política.
La coordinación dentro del sector público es estratégica en el armado de agendas digitales. Debe existir un modelo de gobernanza clara para la ejecución y supervisión de proyectos y para la utilización del Fondo del Servicio Universal. Por otra parte, los programas que asignan grandes partidas de dinero deben ser neutrales desde el punto de vista de la tecnología y la competencia. En ningún caso deben promover una tecnología frente a otra o romper condiciones de competencia en el mercado. Cuando aparece en todos los proyectos un solo proveedor de materiales, entonces hay tongo y connivencia con la autoridad de aplicación.
La inclusión digital no es solo fibra óptica y fierros. Es también dispositivos electrónicos, habilidades digitales y contenido que estimule la adopción de tecnologías. En otras palabras, no solo hay que ocuparse de la oferta sino también de la demanda de internet.
Por último, los programas deben elaborarse con la participación de todas las partes interesadas, de modo público, y deben auditarse periódicamente para medir su eficacia y decidir su continuidad. El reglamento del Servicio Universal dice que cada dos años deben evaluarse los programas de ese fondo, eso no se cumple. En Argentina solo importa recaudar, nadie mide el impacto de las políticas públicas.
Alguna vez tenemos que entender que los fondos públicos son sagrados