Election targeting: claves para entender la política económica en un año electoral
La política económica argentina se encuentra bajo un régimen de “election targeting”. Esta expresión remite al régimen de metas de inflación utilizado por buena parte de los bancos centrales del mundo. Bajo el mismo el banco central fija un objetivo de de inflación y utiliza la tasa de interés como instrumento para lograr esa meta. En el ‘election targeting’ la meta es electoral, y lo que se ajusta es la política económica.
La política económica del gobierno se mueve en función de un objetivo electoral: obtener un triunfo contundente en las elecciones legislativas de octubre de este año, y particularmente en la estratégica provincia de Buenos Aires
Los principios del ‘election targeting’ son relativamente sencillos:
si la corrección de desequilibrios macroeconómicos conlleva asociados costos políticos que ponen en riesgo un buen resultado electoral, entonces debe postergarse cualquier corrección hasta que pase la elección. La regla de cabecera es pues “primero lleguemos a la elección y después veamos”.
Las decisiones de política económica se basan en la cita bíblica de “cada día tiene su propio afán”. Es decir, la política económica se ajusta sobre la marcha en función del objetivo electoral.
“El que ajusta pierde” y “el que devalúa pierde”. El ajuste fiscal y un salto discreto del tipo de cambio son incompatibles con una buena performance electoral. Por ende, debe evitárselos a toda costa. Obviamente que bajo el imperio de la regla N2 puede haber ocasiones en las que el costo electoral de postergar la corrección de desequilibrios será mayor al de efectuar dicha corrección. Pero ceteris paribus, la regla N1 prevalece sobre la regla N2.
Las implicancias de este régimen de política económica son evidentes: la política económica se vuelve cortoplacista y altamente volátil. Dos ejemplos recientes dan cuenta de ello.
En octubre del año pasado, urgidas por un episodio de volatilidad cambiaria, las autoridades económicas dieron señales de una mayor ortodoxia fiscal. De hecho, fueron más que señales: el gobierno por ejemplo no realizó una cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia. También se anunció el descongelamiento de las tarifas de la energía a partir de enero de este año. Pasada la borrasca cambiaria y con la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo estabilizada, la ortodoxia fiscal pasó a un segundo plano y el gobierno postergó el ajuste tarifario para fines del primer trimestre. Sin embargo, durante el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso el presidente sugirió que el descongelamiento podría extenderse aún más tiempo.
Un segundo ejemplo del “election targeting” es la negociación con el FMI. La Argentina debe US$ 44 mil millones al FMI del acuerdo Stand-by de 2018, que debe comenzar a repagar en el último trimestre de este año. Hasta hace pocas semanas el gobierno buscaba acordar un programa de Facilidades Extendidas (EFF en inglés) con el Fondo antes de mayo.
Sin embargo, en las últimas semanas el apuro en acordar con el Fondo fue enfriándose. Por un lado, la actual calma cambiaria, la perspectiva de una mayor oferta de divisas a causa de la suba en el precio de la soja y el maíz, sumados a los cerca de US$ 3.500 mil millones que el Banco Central recibiría gracias a la emisión extraordinaria de Derechos Especiales de Giro reducen la urgencia por un acuerdo con el FMI. Los vencimientos fuertes con el organismo están concentrados en 2022 y 2023.
A ello deben sumarse las dificultades para encontrar puntos de consenso entre las autoridades. A pesar del carácter “constructivo” de las conversaciones, es evidente que han aparecido obstáculos en la mesa de negociaciones que complican la chance de un acuerdo rápido. O para ponerlo de otro modo, lograr un acuerdo rápido requiere que el gobierno argentino realice concesiones en cuestiones que son vistas como incompatibles con el objetivo electoral a lograr.
El representante argentino ante el FMI lo reconoció el 16 de febrero en una entrevista con el portal de noticias Eldiarioar al señalar “no me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad”. El presidente fue más explícito ante la Asamblea Legislativa: “seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos”.
En caso de enfrentar un nuevo episodio de turbulencias cambiarias el gobierno recalculará y recalibrará la política económica, reafirmando nuevamente el compromiso con la ortodoxia y la disposición a llegar rápidamente a un arreglo con el FMI. Sin embargo, de no mediar nuevos episodios de volatilidad, las negociaciones con el Fondo quedarán para más adelante, y el gobierno mantendrá el ancla cambiaria y tarifaria como piezas angulares de su política anti-inflacionaria.
¿Y tras las elecciones de octubre? La mirada estará puesta en la elección presidencial de 2023, con lo cual entraremos en un nuevo ciclo de ‘election targeting’. Si como señalara Charles Lindblom “la política es el arte de salir del paso”, la Argentina parece ser el especialista en ello.