La “carrera” judicial
Una agenda realista (un activismo judicial no conservador) en países segregados implica tomar decisiones (operativizar derechos básicos, ponderar las jerarquías del gasto público, querellar y penar la malversación masiva disfrazada de meros “actos de gobierno”) que corresponden en primer término al Poder Judicial y a la Procuración General de la Nación (PGN), hoy espacios desvalidos o con agendas poco vinculadas a problemas concretos (reales y, por ende, difíciles de resolver) sino a procesos formales (se cumple con las formas, sin lograr nunca ningún objetivo). Poco a poco, ante la incapacidad efectiva de resolver problemas, el Poder Judicial y la PGN se han ido cerrando sobre sí mismos, dando lugar a una enorme burocracia formal cuyos integrantes cobran fortunas y se protegen entre sí. Es lo que da forma a una “corporación”.
La Argentina tiene un procurador general interino hace mucho tiempo, fruto de nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en algo tan central como es la designación del jefe de todos los fiscales, cuya tarea no puede seguir esperando. No podemos tener “emergencias” que duran treinta años, ni podemos tener procuradores “transitorios”. No es serio. No podemos normalizar esto. No podemos tener a la Procuración General de la Nación en stand-by . El hecho de que esté así es un ejemplo de lo poco que talla la Justicia en los cambios concretos que realmente necesitamos. Tenemos magistrados que firman expedientes, jueces millonarios en países pobres, tenemos fiscales que eligen no cumplir su función, por miedo, connivencia o “carrera judicial”. Nadie que realmente defienda un gramo de “justicia”, que haga avanzar un poco lo que entendemos por “justicia”, va a poder hacer “carrera” dentro de esta “Justicia”, porque será percibido como una amenaza al statu quo. Y la inmensa mayoría de nuestros funcionarios, jueces, fiscales, están concentrados sobre todo en hacer “carrera”, no en transformar esta realidad penosa. No confrontan, por ende, a los poderes concentrados, cuya agenda terminan replicando, postergando a los que necesitan con desesperación un cambio: una ayuda. Algún derecho. Para ellos no hay nada. Tan lejos hemos llegado en esta deformación, que hoy el “garantismo” parece una mala palabra. Las garantías de la Constitución se tratan como una “ideología”. No como un (¡el!) pilar del Estado de derecho.
No se equivocaba el juez chileno Juan Guzmán Tapia (el Presidente perdió una oportunidad valiosa de homenajearlo en su visita a Chile, apenas tres días después del fallecimiento de este gran jurista, que intentó procesar a Pinochet) cuando decía que “lo que más prostituye a nuestros jueces y fiscales es la llamada carrera judicial”. A tal punto que hoy tenemos un procurador “transitorio” que no hizo otra cosa en toda su “carrera” más que estar cómodamente “ubicado”, pero sin haber hecho absolutamente nada a favor de los que más lo necesitan. No es casual que por inercia llegue a la cúspide un funcionario así. Sin ambiciones. Sin objetivos. Sin una mirada. Nuestro sistema criminal falla desde el comienzo. Necesita una revisión profunda, para empezar a criminalizar en serio delitos complejos. Tenemos unidades de investigación criminal que podrían estar dando el doble de resultado. Hoy se encarcela a perejiles.
La Procuración General no puede seguir siendo parte de este proceso de degradación. De algún lado tiene que emerger un cambio concreto. No va a ser fácil. Pero el procurador, si se compromete y deja de lado cualquier ambición personal de “hacer carrera” dentro de la “Justicia”, puede girar hacia los más desfavorecidos, criminalizando crímenes complejos, cometidos delante nuestro por actores con mucho poder, para quienes la regla es “desde siempre– la impunidad. La cárcel no fue pensada para ellos. La política criminal, tampoco. Esto es lo que hay que invertir. El procurador, si se atreve, puede hacerlo.