Una poderosa herramienta
Muchas sentencias y resoluciones judiciales influyen en forma drástica en la vida de las personas. Modifican su patrimonio, afectan su libertad, cambian para siempre sus relaciones con el resto de la comunidad. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que tiene una sentencia de adopción en la vida de las familias. O en las consecuencias comunitarias de las medidas cautelares dispuestas en algún amparo ambiental. Ni hablar de las resoluciones que restringen la libertad de las personas o les imponen medidas de distanciamiento.
Sin embargo, los principales destinatarios de esos documentos a menudo no comprenden en forma cabal por qué el tribunal interviniente tomó determinada decisión y no otra. Algunos recurren a profesionales de la abogacía para que les “traduzcan” estos escritos, que tanto impactan en su vida cotidiana. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad y se limita a soportar, para bien o para mal, los efectos de los fallos, sin entender demasiado sus fundamentos.
Indudablemente, este rasgo de la comunicación judicial aumenta la distancia entre la administración de justicia y la sociedad. Asimismo, disminuye la confianza en los poderes judiciales y afecta su eficacia como agentes de pacificación en los conflictos interpersonales y sociales. Como recuerda Aída Kemelmajer, “difícilmente se cumple lo que no se conoce”.
El movimiento de lenguaje claro busca acercar los poderes judiciales a la comunidad. Y lo hace proponiendo el empleo de expresiones y estructuras sintácticas más accesibles, más próximas al habla coloquial, sin perjuicio del rigor técnico.
No se trata de vulgarizar la escritura forense o empobrecer la argumentación, sino de ampliar el destinatario modelo de los textos jurídicos. Se impulsa la incorporación de procedimientos discursivos que tengan en cuenta las competencias lingüísticas y los conocimientos de la ciudadanía, puesto que los documentos judiciales no solo interesan a abogadas y abogados. Las personas sin formación jurídica también tienen derecho a conocer el
derecho por sí mismas.
Para implementar esta política de acercamiento con la sociedad y transparencia institucional no hacen falta grandes inversiones económicas. Tampoco complejas reformas legales o una alteración radical de las prácticas discursivas del campo jurídico. Simplemente es necesario tomar una decisión política, institucional y profesional, que consiste en poner en el centro de las consideraciones al usuario del servicio de justicia. Dicho de otra manera, se promueve la empatía del enunciador con los diferentes tipos de destinatario del discurso jurídico.
Por décadas, la comunicación judicial ha priorizado a sus públicos internos. Se escribía para convencer a los representantes legales de las partes, para satisfacer a los tribunales superiores, para deslumbrar a los juristas. Pero, a la hora de redactar resoluciones, no siempre se tomaba en cuenta a las personas que estaban detrás de los expedientes, las verdaderas protagonistas del conflicto bajo análisis jurisdiccional.
La adecuación de la redacción jurídica a los destinatarios “legos” depende del desarrollo de competencias discursivas, que muchos operadores judiciales no adquirieron en sus estudios universitarios ni durante su inserción profesional. En una palabra, hace falta conciencia lingüística y capacitación específica.
Si en los escritos judiciales se prescindiera de los arcaísmos, se explicaran los términos técnicos, se redujera el empleo del latín, se construyeran oraciones más cortas y se mejorara el diseño documental, los niveles de comprensibilidad aumentarían sustancialmente.
La reformulación de las prácticas discursivas que impulsa el movimiento de clarificación del lenguaje, con seguridad, implica un esfuerzo de la comunidad judicial. Pero los efectos serán muy beneficiosos y se verán a corto plazo. A través del lenguaje claro, la administración de justicia puede construir una relación más sólida y directa con la comunidad a la sirve. Vale la pena el esfuerzo.