Boluarte llama a un “diálogo nacional por la paz social”
La presidenta peruana, Dina Boluarte, subrayó que su gobierno trabaja para poder convocar en breve elecciones generales y llamó a un “diálogo nacional por la paz social, la reconciliación, el crecimiento económico y el desarrollo”, que incluya a todos los sectores, sin exclusiones.
En medio de la ola de protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto al menos 42 personas, Boluarte destacó que tiene “la obligación de garantizar la vida y los derechos de mis compatriotas” que, aseguró, en su mayoría, apuestan “a vivir en paz, orden y tranquilidad”. “Por eso, es un imperativo que, en el marco del respeto a la ley y al Estado de derecho, tenemos que restablecer el orden público y, al mismo tiempo, fortalecer, como gobierno, nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó Boluarte. La presidenta peruana participó ayer en forma virtual de la Cumbre de la Voz del Sur Global, una iniciativa del primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la presidencia del G20 que dicho país ejerce por un año desde el 1 de diciembre de 2022, y que busca coordinar las posiciones de los países en desarrollo ante el Grupo. Luego de lamentar la muerte de civiles y de un policía en las violentas protestas, Boluarte destacó que su gobierno seguirá “apostando por el multilateralismo, la vigencia del Estado de derecho y la preservación de una democracia que atienda las necesidades ciudadanas más urgentes, en especial de los más vulnerables”.
cía, “es el principio del fin”.
El bloqueo de varias carreteras por manifestantes, en especial en el sur del país, también se ha extendido a zonas de la selva. El jueves por la noche, en la región amazónica Madre de Dios, frontera con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras y causó algunos destrozos a la casa de un congresista.
Demandas políticas. “Cierre del Congreso ya. Nueva Constitución”, “Dina, asesina, renuncia enemiga”, son consignas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos en varias regiones del sur del país, históricamente marginado, y que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.
Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.
A ello se suman los reclamos de la población y familiares de víctimas de justicia y sanción para los responsables de las más de 40 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde hace un mes. Además de 42 muertos, hay 531 heridos –355 civiles y 176 agentes de la policía– y 329 detenidos, según la fiscalía que esta semana pidió una investigación por “genocidio” contra Boluarte y miembros de su gabinete.
En una crisis intensa, sin luces de resolverse por ahora, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.
El saldo trágico de 42 muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la “moderación” a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.
El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Hasta ahora, las regiones del norte de Perú, donde están asentadas, en gran parte, las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.
¿Hay salida? Después de una tregua a finales de diciembre, las protestas se reanudaron la semana pasada, con un giro en las demandas en las calles que en diciembre pedían la liberación de Castillo. Mantienen, además, el reclamo de instalación de una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, ahora hay un contundente llamado al cierre del Congreso, institución a la que se culpa de haber hecho oídos sordos al pedido popular de elecciones anticipadas, que resolvieron fijar para abril de 2024 y descartaron la fecha de diciembre de 2023 que apoyaba también Boluarte.
El gobierno culpa de la situación a “azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal”. El primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie. ■