Cortocircuito peruano con América Latina
La salida del embajador peruano en Honduras, las críticas a la postura de Argentina, México, Bolivia, Chile y Colombia, la expulsión y la declaración como “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy, también son parte de una crisis que ha tomado dimensiones internacionales.
Casi desde el mismo momento en el que miles de personas salieron a las calles de Perú, también comenzó un debate sobre la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
Invocando el principio de no intervención, la Cancillería peruana fue respondiendo una a una las declaraciones de otros presidentes. La resolución de la Liga de Naciones de 1936 fue el primer instrumento internacional en mencionar este principio, al afirmar que “todo Estado tiene el deber de abstenerse de cualquier intervención en la vida política de un Estado extranjero”.
Cada nación fue interpretando este principio de diferentes maneras y según su conveniencia a lo largo de la historia. Así, la Doctrina Monroe entendía como intervención la intromisión de Europa en los asuntos americanos, pero no consideraba así la injerencia de los Estados Unidos en los temas del resto de los países, y la Doctrina Estrada, en México, establecía que ningún gobierno extranjero podía determinar si otro era legítimo o no.
Siguiendo esos preceptos de 1930, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en manifestarse sobre la situación en Perú. El mismo 7 de diciembre, día de la destitución de Pedro Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que, si bien el de no intervención y autodeterminación son principios fundamentales de la política exterior mexicana, “consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra”, algo que, según entiende, lo llevó a “tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
Desde entonces, una seguidilla de declaraciones de repudio a las manifestaciones de López Obrador, el asilo otorgado en México a la familia de Castillo y la expulsión del embajador mexicano en Perú resintieron las relaciones diplomáticas entre las partes.
Durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el tema de Perú estuvo presente en los discursos de varios presidentes. Uno de los más enérgicos en sus críticas fue el chileno, Gabriel Boric. El gobierno peruano respondió comunicando al embajador de Chile su malestar.
Con los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y Colombia decidió ir más allá: el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consulta a los embajadores de Perú en estos países, frente a lo que considera una “intromisión en los asuntos internos por parte de las más altas autoridades”. El llamado a los cancilleres responde, más que a declaraciones aisladas, a un comunicado conjunto del 12 de diciembre en el que los presidentes pedían que se priorice “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. ■