Que el árbol no tape el bosque
El mes pasado, desde esta misma tribuna, sostuve que “el esfuerzo por recomponer la estabilidad macroeconómica tiene que ser acompañado de un programa de reformas institucionales, económicas, políticas y sociales que hagan de la Argentina un país moderno, con un Estado más chico y eficiente, donde haya igualdad de oportunidades y expectativas de progreso, donde se respeten el derecho de propiedad y los derechos individuales y donde, en definitiva, valga la pena vivir”. En las dos semanas que llevan en su cargo, el Presidente y su equipo de gobierno han dado pasos trascendentes en todas esas direcciones.
Por un lado, el paquete de emergencia, tal como su nombre lo indica, encaró los problemas más urgentes. Con eje en lo fiscal, cambiario y monetario, arrancó la primera etapa de la estabilización. Falta todavía completar el ajuste de algunos precios claves (tarifas de gas, luz y transporte), que seguramente se realizará en algún momento de enero (o febrero, como deslizó el ministro Caputo), y resta ver cuánto del ajuste fiscal sobrevive al esmerilamiento que pretenden propinarle los diversos grupos que ven afectados sus intereses. Mientras tanto, las medidas monetarias y financieras apuntan a reducir la fragilidad del balance del BCRA y a ponerle un freno a la expansión desmadrada de sus pasivos. Una vez superada esta etapa de emergencia, probablemente hacia fines del primer trimestre, luego de una nueva corrección cambiaria, conoceremos la forma final del programa de estabilización. El camino hasta entonces está lleno de riesgos e incertidumbre, pero es un camino que inexorablemente había que recorrer para poder estabilizar sobre bases más sólidas.
Por su parte, de la misma manera que una estabilización duradera demanda esta primera etapa de correcciones, las reformas institucionales y económicas también revisten el carácter de indispensables (e impostergables). Y los anuncios de esta semana, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y las leyes que se enviarán al Congreso, dan cuenta de que el Presidente tiene el diagnóstico correcto para sacar a la Argentina de esta larga trampa de inflación y estancamiento. En efecto, un cambio de régimen con chances de ser exitoso y duradero debe integrar la estabilización con las reformas. No alcanza solo con estabilizar. Sin reformas se haría muy cuesta arriba superar el impacto negativo inicial de la corrección fiscal y de precios relativos. Las reformas operan sobre las expectativas del sector privado, impulsan su productividad y favorecen la inversión y la creación de empleo, y lo hacen tanto en el largo como en el corto plazo.
Además, un tercer elemento importante a la hora de diseñar un cambio de régimen es la presencia de anuncios de alto impacto. Que den una señal contundente de que arranca una nueva etapa; un giro de 180 grados en el rumbo que se quiere seguir y una organización económica totalmente diferente de la previa. Y entre el paquete de emergencia y el DNU, hay varios anuncios de esa índole: déficit cero; eliminación de Leliq; eliminación de SIRA; prohibición de prohibir importaciones y exportaciones; cielos abiertos; transformación de empresas públicas en sociedades anónimas para su posterior privatización (incluyendo Aerolíneas Argentinas y Banco Nación); competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga; simplificación del registro automotor; derogación de la ley de alquileres y de una gran cantidad de leyes que obstaculizaban el comercio y la competencia, entre otras iniciativas.
Pero el mecanismo elegido para el primer paquete de reformas, el DNU, ha suscitado una gran cantidad de críticas. El riesgo de que se rechace en sede parlamentaria, o que sea fácilmente revertido por otro decreto similar en otra presidencia, o que se debió dividir en varios decretos porque, tal como fue presentado, resulta muy difícil transmitir lo que se está haciendo (dada su extensión), o que le faltan algunas desregulaciones y simplificaciones (la impositiva, por ejemplo) no deberían ser las ramas de un árbol que tape el bosque, principalmente de parte de aquellos que están de acuerdo con sus contenidos. Sobre todo cuando, del otro lado, la rápida reacción de una parte de la opinión pública (que claramente no tuvo tiempo de leer el decreto antes de agarrar las cacerolas) refleja el temor de que se afecten intereses sectoriales y personales, privilegios y prebendas que se movilizarán y harán lo imposible por frenar la desregulación, la reforma del Estado y la liberación de la economía. Pero no hay que tenerle miedo al conflicto. Cambio es siempre, en todo tiempo y lugar, sinónimo de conflicto. La ausencia de conflicto sería la entronización del statu quo y ese es un lujo que, en esta coyuntura crítica, la Argentina no debe darse.
O sea que el cambio de régimen, estabilización más reformas más anuncios de alto impacto, va tomando forma. Paul Krugman sostiene que la mayoría de los hacedores de política corren el riesgo de caer en la “trampa de la timidez”. Esto es, el riesgo de quedarse cortos por temor a las consecuencias de sus acciones. Ese no parece ser el caso del gobierno de Javier Milei. La hipótesis de que un cambio de régimen económico bien diseñado y, sobre todo, bien comunicado puede encender un proceso de crecimiento económico sostenido, minimizando los costos políticos y sociales de la etapa de transición, yace en la vereda de enfrente de la trampa de la timidez. Y es la base sobre la que puede construirse una salida a la coyuntura crítica en la que hoy se encuentra la Argentina.
Pero un diagnóstico correcto y un diseño de programa correcto no son necesariamente sinónimos de éxito. Su correcta implementación y la flexibilidad del equipo para corregir rápidamente eventuales errores serán las claves de las próximas semanas.