El Gobierno defendió ante la Justicia la reforma laboral a través del DNU
El gobierno nacional presentó ayer el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei.
Se trata de uno de los pasos que debían darse para que la Justicia pueda abocarse a analizar la validez del capítulo cuestionado: una vez que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la Justicia Laboral estará en condiciones de dictar sentencia.
“Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”, se sostuvo en el informe del Estado nacional.
En el texto de más de noventa páginas al que accedió la agencia de noticias Télam, se señaló que las reformas laborales, en general, “consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral”.
Se remarcó que los indicadores que justificarían una reforma como la pretendida en el DNU son:
- El poder adquisitivo de los salarios del empleo asalariado registrado del sector privado se encuentra en uno de los niveles más bajos desde enero de 2009.
-La proporción de la población que ocupa un puesto de trabajo asalariado registrado del sector privado se encuentra por debajo de los porcentajes observados durante el período comprendido entre los años 2010 y 2018.
-La incidencia del empleo no registrado en el total del empleo asalariado es una de las más elevadas de los últimos quince años.
En el informe, se señaló además que el Gobierno eligió la vía del DNU 70/23 porque “resulta clara la severidad de la situación en la que se encuentra la República Argentina, afectada por una crisis tanto económica como social que puede derivar en un deterioro aún mayor y más grave si no se comienza a solucionar la enorme cantidad de problemas originados en esa crisis”.
“Frente a este cuadro de situación resulta imperativo adoptar medidas urgentes que ayuden a poner en marcha al país, otorgando mayor libertad a las fuerzas productivas que caracterizan a nuestra República, para lo cual la desregulación es una de las herramientas importantes a adoptar”, se remarcó.
“Se advierte entonces que las condiciones que sostuvieron la emisión del DNU 70/23 cuestionado estuvieron ajustadas bajo estricto cumplimiento de las pautas que exigen y surgen tanto de las normas que reglamentan su procedencia como de la jurisprudencia aplicable al caso. Así se ve más que claro que NO existe incumplimiento alguno del Poder Ejecutivo”, se sostuvo.
“El enmarañado, riguroso e intervencionista sistema de regulaciones de la economía produjo y produce efectos de enorme negatividad que no permiten la generación de riqueza y, por ende, la búsqueda del bienestar general”, agregaron los presentantes de Estado nacional en el informe que defiende el DNU.