Jubilaciones a la licuadora: qué implica el cambio por decreto, según especialistas
Los alimentos representan el 29% de la canasta de jubilados: casi 198 mil pesos Semino: “El 36% del superávit fiscal de enero y febrero lo aporta la seguridad social”
Con el aumento por decreto en base a la inflación –que se hará efectivo en julio– los jubilados siguen perdiendo. Especialistas consultados por PERFIL explican por qué, y lo que puede pasar en los próximos meses con los ingresos. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “los números no dan”, pero ya se redujeron 0,2 puntos del PBI de los 0,4 que pretende bajar el Gobierno para este año en gasto social. Historias reales de personas a las que los números no les cierran.
María Ester López (65) y Graciela Knecher (76) son jubiladas, pero siguen trabajando para cubrir sus necesidades básicas.
“Tengo que pagar 85 mil pesos de alquiler y ya el dueño me dijo que cada tres meses nos van a aumentar”, explicó a PERFIL López, que se jubiló con la mínima y trabaja cuidando a adultos mayores tres veces a la semana. Va al trabajo caminando, porque los ingresos no son suficientes como para transportarse de otra manera.
Knecher audita administraciones de consorcio, pero como el trabajo es cada vez menos tampoco le alcanza. Por eso, le comentó a PERFIL, tuvo que reducir gastos en algo tan básico como la comida. Los medicamentos, que se llevan gran parte de la canasta de un jubilado, los tiene cubiertos por PAMI.
El de estas dos mujeres es el caso de otros cinco millones de personas que se jubilaron por moratoria, y que, según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, son las culpables de que los números “no den” para sostener el sistema. Sin embargo, especialistas explicaron a PERFIL por qué los números sí dan para el Gobierno, aunque a las claras no cierran para los jubilados.
“Los números dan, tenemos un Fondo de Sustentabilidad que está mal utilizado. Lo que pretende el gobierno actual es transferir esos fondos que les corresponden a los jubilados y que podrían dar aumentos de contingencia y mejores prestaciones, pero invirtiendo en ese fondo al servicio de la sociedad, para que vuelvan y se reutilicen recursos genuinos y con eso poder pagar”, explicó Christian D’alessandro, abogado previsional y periodista especializado en estos temas. “El Gobierno pretende transferir esos fondos y dejar sin caja al sistema previsional y hacerlo colapsar”, agregó.
El decreto 274/2024 establece que “los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por Indec”, un cambio que se hará efectivo a partir de julio.
Para abril la normativa establece “un incremento extraordinario del 12,5%” y a partir de ahí otros incrementos que serán “a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha de dictado del presente”. En el artículo 5 del decreto se establece que “una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”.
El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que “lo que se sigue haciendo es licuando el haber, porque con una inflación del 70% en el primer cuatrimestre, se plantea una supuesta recomposición que es una abstracción”.
Los aumentos “a cuenta de futuros aumentos” implican, según el gerontólogo, “que los haberes se van a seguir licuando hasta junio, y en julio, cuando se aplique IPC, se aplicará sobre la nada misma”.
La pérdida del poder adquisitivo de diciembre, enero y febrero “no se recupera más, al igual que no se recuperaría lo que perdieron con el otro gobierno”, afirmó D’alessandro. “Si tomamos en cuenta que la inflación de diciembre es del 25,5%, en enero el 20,6%, estamos hablando de un 46%, y los jubilados van a recibir solamente de recomposición el 12,5%. Esto es para atrás y, sobre el futuro, los jubilados no han de perder ni han de ganar, han de congelarse las jubilaciones al ritmo inflacionario”, explicó.
“Si la inflación es alta tendrán mejores réditos, pero el problema no es tener mejores réditos, porque la economía, en materia inflacionaria, mide un montón de cuestiones que el jubilado no consume. La inflación del jubilado es muy superior a la media porque está compuesta por gastos básicos y esenciales como medicamentos, que aumentaron un montón”.
La canasta básica de un jubilado, según los cálculos de la Defensoría, es de $ 685.041. Con el aumento de abril, y con un bono de $ 70 mil, los jubilados con la mínima cobrarían $ 241 mil. Pero ese pago será en dos tramos: en el primero, la liquidación del haber con valores de hoy; y en el segundo, el aumento y el bono de $ 70 mil.
Los alimentos representan el 29% de la canasta, con un gasto promedio de $ 197.610. “No sé cuánto hace que no voy al súper, antes iba, compraba lo necesario y tenía algo en la heladera. Ahora no, es lo justo y necesario para el día”, agregó López.
Para D’ Alessandro este cambio “llega de una manera incompleta, porque no está mal que en épocas inflacionarias se incorpore una cláusula o un tipo de ajuste inflacionario, pero no es el hecho de ajustarlo solamente por inflación”. El especialista considera que la mejor salida sería “aplicar la fórmula actual, la vigente, complementada con la inflación, que era lo que le habíamos pedido a Alberto Fernández. Para Alberto Fernández el atar por inflación su economía, tanto indexar los salarios como las jubilaciones, no eran prioridad porque para él iba a haber redistribución de las riquezas, época de bonanza, de crecimiento, y los jubilados iban a poder ganar. Eso no sucedió, la inflación se comió el bolsillo y la fórmula actual quedó incompleta”, afirmó.
“En 2023 las jubilaciones y pensiones se ajustaron, con el bono, un 140%, cuando el nivel de inflación general fue de 211%. A eso hay que sumarle la pérdida que siguen teniendo”, agregó Semino. “Los números reflejan este ahorro en el superávit fiscal de enero y febrero. El 36% es aportado por la seguridad social”.
En cuestión de déficit, los números cierran: según el Defensor de la Tercera Edad, del 0,4% del PBI que el Gobierno pretende reducir en gastos de seguridad social este año, ya se ajustaron 0,2%.
“Un día fui a trabajar, pero no me sentía muy bien. Me dolía mucho el cuerpo. Entonces saqué el autito porque estaba muy cansada, pero tenía que ir. Me tocaba bañar a una abuela”, comentó López. El resto de los días hace el recorrido a pie, porque para comprar nafta o arreglar el auto, los números no le dan. ■