Con ascensos, la Casa Rosada aumentó los salarios del círculo cercano de Milei
En medio del brutal ajuste que lleva adelante el gobierno libertario, el presidente Javier Milei decidió otorgar aumentos y ampliar el presupuesto de áreas claves que son, en definitiva, una suba salarial encubierta. Pero, además, volvió a quedar al descubierto la interna en el área de comunicación del Gobierno.
Ayer, a través del decreto de necesidad y urgencia 337/2024, se modificó la Ley de Ministerios devolviéndoles rango de “ministerio” a las secretarías que dependen de Presidencia. “Las personas a cargo de las secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tendrán rango y jerarquía de Ministro”, publicó el Boletín Oficial.
Se trata de Karina Milei, Javier Herrera Bravo y el caído en desgracia Eduardo Serenellini respectivamente, quien hace escasos días había perdido su status “ministerial”, según el decreto 301/2024 por presión de Karina. En Casa Rosada reconocen que haber rebajado la jerarquía de la Secretaría de Prensa era un error porque de esa manera dejaba de tener sentido su existencia. Además, atribuyen a una mera decisión “administrativa” la devolución del status, lo que no modificaría la escasa influencia que hoy tiene Serenellini.
Es por ello que queda claro que el hombre fuerte de la comunicación oficial es el vocero Manuel Adorni, quien ayer formó parte de la escasísima comitiva que se desplazó hasta Bariloche para la ponencia del Presidente en el Foro Llao Llao. Adorni cuenta con el beneplácito de Karina y estuvo en primera fila entre los empresarios más importantes del país escuchando al Presidente. El área que conduce Adorni a su vez viene sumando funciones.
En concreto, con la rejerarquización de las tres secretarías les permitirá a Karina, a Herrera Bravo y Serenellini pasar de cobrar $3,2 millones a alrededor de $3,5 millones. Y es que cobrarán como ministros y gozarán a su vez de otros beneficios.
Vale agregar que la Secretaría General de la Presidencia obtuvo una ampliación presupuestaria para su área estimada en $40 millones, lo que le permitirá aumentar salarios a quienes trabajan bajo su órbita.
Se trata de la decisión administrativa 207/2024, lo que le otorga a la Secretaría General de la Presidencia 64.100 unidades retributivas más, que son las que componen los salarios públicos. Cada una de las unidades equivale a $634,72, por lo que Karina Milei dispondrá de $40 millones extras.
Pero los aumentos no fueron solo para las secretarías que dependen de la Presidencia. También Adorni tuvo premio.
“Asígnase rango y jerarquía de Secretario de Estado al titular de la SUBSECRETARÍA DE VOCERÍA Y COMUNICACIÓN DE GOBIERNO dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.”, dice el decreto 323/2024 publicado el miércoles. El salario de Adorni estaría rondando entonces los $3,2 millones con la actualización correspondiente.
Serenellini logró sostener su cargo gracias al buen vínculo que mantiene con el Presidente, pese al desgaste que sufre desde la Secretaría General. Es en ese marco que Milei sostiene a Serenellini y decide restituirle su rango pese a no gozar de la aprobación de Karina.
Serenellini decidió semanas atrás regularizar pauta adeudada del gobierno anterior sin aprobación previa. Además, tomó rápidamente un alto perfil al tener reuniones por fuera de sus funciones. ■
El máximo tribunal define si la causa debe seguir tramitándose en Comodoro Py
Mientras la medida sigue vigente, la pelea por quién determina la legalidad del decreto que firmó Patricia Bullrich terminó en el máximo tribunal. La ministra de Seguridad quiere evitar que la definición quede en los tribunales de Comodoro Py y busca que sea la Justicia ordinaria la que falle a favor de la norma. La demanda fue iniciada por la legisladora de izquierda Celeste Fierro, quien solicitó la intervención de la Justicia de excepción.
A cuatro meses de su implementación, la legalidad del protocolo antipiquete aún espera una definición judicial. Si bien la normativa impulsada por decreto por Patricia Bullrich en diciembre del año pasado sigue vigente, la pelea por quién determina sobre su reglamentación es algo que sigue de cerca la ministra de Seguridad, ya que no quiere que Comodoro Py sea el que la resuelva.
La novedad tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia deberá decidir qué fuero es competente para continuar con la causa. El juez en lo Criminal porteño Martín Del Viso, quien por un acortado período de tiempo intervino en la demanda iniciada por la legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad Celeste Fierro, determinó su incompetencia en el expediente al no coincidir con el criterio de la Cámara Federal Porteña, que le sacó la causa al magistrado federal Sebastián Casanello, minutos antes de iniciar una audiencia donde fueron convocadas la propia Fierro y Patricia Bullrich como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Bullrich siempre tuvo la intención de que la legalidad del protocolo se resolviera en la Justicia ordinaria; es por ello que, tras la negativa de Casanello de declararse incompetente en un primer pedido, la ministra fue por más y apeló a la instancia superior, que les dio la razón a sus abogados.
Luego de varios informes del Ministerio de Seguridad explicando la elaboración del protocolo, el magistrado dictó una medida cautelar que a Bullrich no le cayó bien. La exhortó a adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales “a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”; sin embargo, y apelación mediante, la Cámara Federal porteña, en un fallo dividido, pulverizó esa medida.
El expediente aterrizó en Comodoro Py luego de haber pasado al menos por tres fueros distintos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa tenía que dirimirse en la Justicia Federal, donde por sorteo recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien encuadró la demanda en un hábeas corpus, un procedimiento de rápido tratamiento que es habilitado cuando existe la sospecha de que una autoridad pone en riesgo la libertad sin que la Justicia lo haya ordenado legalmente.
Paralelamente a reclamar la incompetencia de Casanello en víspera de la audiencia, Bullrich ejecutó otra estrategia: recusó al juez por temor de parcialidad luego de que aceptara a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos como amicus curiae (amigos del tribunal).
La Cámara Federal porteña no solo le sacó la causa a Casanello a pedido de Bullrich sino que se la envió al juez en lo Criminal de la Ciudad Martín del Viso para que continúe interviniendo, con la advertencia de que, de no coincidir con su criterio de competencia, la eleve a la instancia superior común entre ambos fueros para que sea ella la que decida. La legisladora Celeste Fierro, representada por la abogada Mariana Chiacchio, recurrió esa decisión pero la Casación refrendó los motivos de los magistrados de instancia inferior.
El juez Del Viso criticó la decisión de la Cámara Federal porteña al sostener que esta no rebatió con argumentos sólidos las razones por las cuales él, al inicio de la contienda de fueros, tenía que quedarse con la causa, ni tampoco los del juez Casanello; la fiscal Ochoa y la legisladora Fierro consideraron que el caso debía quedar a cargo de la Justicia de excepción.
Del Viso respaldó la competencia de Comodoro Py al sostener: “No solo porque la Nación resulta demandada, sino porque la actora y el Ministerio Público Fiscal reclamaron la intervención federal, a lo que debe sumarse que la demandada tampoco renunció al derecho a la jurisdicción federal; al contrario, solicitó la intervención de la Justicia de excepción del fuero contencioso administrativo federal”.
Finalmente, el magistrado trabó contienda y elevó el conflicto de competencia a la Corte, máxima instancia judicial del país y superior común entre la Justicia criminal ordinaria y la federal para determinar dónde se deberá resolver la legalidad del protocolo.
Cabe destacar que el análisis que realicen los supremos no tiene que ver con la inconstitucionalidad del reglamento contra protestas de calle sino con quién debe definir qué juzgado decida si el protocolo es legal o no.
Los ministros de la Corte tendrán que ver si los argumentos de Fierro, quien sostiene que el protocolo “afecta el derecho de asociación, libertad de expresión, defensa en juicio” y va contra “los principios de legalidad, reserva, culpabilidad, lesividad, inocencia, pro homine, máxima taxatividad y responsabilidad penal personal”, tienen sustento jurídico para que la causa siga tramitándose en Comodoro Py.