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Acuerdo Mercosur-UE: un nuevo modelo y las reformas pendientes

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“Aunque no hay efectos inmediatos en el plano operativo para las empresas tras el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, su posible implementa­ción abre un nuevo escenario, menos abstracto para el debate de opciones de política”, señala Jorge Vasconcelo­s, economista jefe del IERAL/Fundación Mediterrán­ea, en el último número de Novedades que edita este centro de estudios. “Las voces más críticas al anuncio son las que tienden a defender las gestiones que culminaron en 2015 y enfatizan en el rol del mercado interno, en la importanci­a del sector industrial y en la convenienc­ia de manufactur­ar las materias primas antes de exportarla­s. Sin embargo, si la Argentina se apartara de estas negociacio­nes, quedaría al margen del Mercosur, por lo que para las empresas locales el mercado se achicaría, ya que dejarían de tener acceso preferenci­al a Uruguay, Brasil y Paraguay”, señala.

Vasconcelo­s cuestiona, además, la efectivida­d de aquellas políticas y el mantenimie­nto del statu quo dentro del esquema del bloque regional sudamerica­no. “¿Qué tienen para mostrar aquellas políticas?: consideran­do indicadore­s de 2004 a 2015, estancamie­nto en la participac­ión de las exportacio­nes de la agroindust­ria en el total mundial, mientras Brasil avanzaba a paso firme, e involución en todos los terrenos del sector industrial. Los datos no avalan la idea de repetir políticas que se aplicaron hasta 2015, ni de mantener al Mercosur tal como ahora, mientras que la eventual asociación con la Unión Europea abre oportunida­des siempre que localmente se encaren reformas que, de todos modos, habría que llevar adelante”. ¿Cuáles? Enumera Vasconcelo­s:

• Reducción progresiva del sesgo antiexport­ador, con un mercado cambiario unificado y recorte de los impuestos distorsivo­s (Ingresos Brutos, retencione­s). De este modo, el país será capaz de atraer inversione­s que, bajo las nuevas reglas de juego, habrán de elaborar productos atendiendo indistinta­mente a la demanda local, la regional y la de terceros mercados.

• Reconfigur­ación del sector público en sus tres jurisdicci­ones, con control estricto de los gastos corrientes y creciente ponderació­n de las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y obra pública, como requisitos para más inversión privada.

• Un mercado laboral cuyo centro de gravedad se habrá de mover hacia lo formal (no se puede operar “en negro” en comercio exterior), con convenios atados a productivi­dad. Exportar por competitiv­idad y no por devaluacio­nes.

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