Los DDHH en Cambiemos
Un grupo de intelectuales encabezado por Maristela Svampa, Roberto Gargarella, Ruben Lo Vuolo, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh y Alberto Giordano, entre otros, redactó un “primer documento de análisis crítico de la gestión de Cambiemos” en relación a “su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana”. El colectivo, busca así diferenciarse de otros intelectuales del Club Politico Argentino, que adhieren a las políticas del actual gobierno.
El documento titulado “Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos. La ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos” pone el eje en los derechos humanos que, según analiza el escrito, representan “una ruptura” con los valores que acompañaron la recuperación democrática del país en 1983.
La gestión gubernamental —dice el documento de este grupo, que no se identifica con ningún partido político— impulsa una política de criminalización cada vez más sistemática y generalizada sobre actores sociales y políticos movilizados. Se refiere específicamente a la violencia institucional en los casos de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ambos en el sur del país. “En un contexto de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de ‘enemigo interno’”, agrega.
También alude el escrito al caso del agente policial Luis Chocobar, que fue recibido por el Presidente. “Es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado, como un ejemplo”.
Advierte este análisis, que recibe adhesiones en la cuenta de correo espaciopensamientocritico@gmail.com, giros en el área procesal y penal. Mientras que buscan “presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas “garantistas”, por un lado, promueven “pautas conservadoras en cuestiones tan básicas como la prisión preventiva, la libertad condicional, o aún la pena de muerte”.
En resumen, consideran que bajo la gestión de Cambiemos se llevan adelante prácticas que “expresan un grave retroceso tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo que es necesario rechazar y enmendar de forma urgente”.