Estrategias sociales y penales del castigo. Entrevista con el criminólogo escocés David Garland
El criminólogo escocés sostuvo aquí que la justicia investiga sólo los delitos visibles y presta menos atención a los que no se cometen en la vía pública.
David Garland es un referente indiscutido en el campo de la criminología y la teoría social por sus estudios históricos y sociológicos de las instituciones penales y las formas de control social. Nació en Escocia en 1955 pero vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años y se desempeña como profesor de Derecho y Sociología en la Universidad de Nueva York. Invitado por la Universidad del Litoral, estuvo en Argentina, donde presentó su libro Castigar y asistir. Una historia de las estrategias penales y sociales del siglo XX (Siglo XXI). Publicado en 1985 y traducido hoy al español es un clásico para pensar la historia de la penalidad y, a partir de ella, entender las formas que asume el castigo en las sociedades contemporáneas. También dialogó con Ñ sobre cómo se castiga en la actualidad, luego de la caída de los estados de bienestar, la relación entre el sistema político y el penal y la actuación del movimiento de mujeres en la justicia.
–¿Qué pasó con el sistema penal cuando cayeron los estados de bienestar? –Todos los países occidentales, desarrollados, entre la década del 30 y del 40, adoptaron como modelo político al estado de bienestar. Esto se debió a que el capitalismo de mercado produjo desplazamientos, despidos, pobreza e inseguridad, que dieron lugar a la caída de las democracias y la asunción del fascismo como modelo, pero también del comunismo. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones conformaron estados de bienestar. En algunos casos, como ocurrió en Estados Unidos, de forma mínima; o, como en Suecia, de forma más extendida y desarrollada. Todos los estados comenzaron a tener una economía mixta. Sin embargo, en los 70 y en los 80 los estados de bienestar comenzaron a caer. El problema entonces era la inflación, no el desempleo. Y los gobiernos de Inglaterra y EE.UU. eligieron la oferta monetaria, el control de la inflación y la liberalización del mercado; en concreto, las políticas neoliberales. Con la desindustrialización y la globalización fueron cambiando las condiciones laborales y el mercado de productos y este nuevo contexto impactó especialmente en la clase trabajadora no calificada. Desde 1980, la economía de mercado, con su ideología de individualismo y competencia, ha sido estupenda para las élites, pero terrible para la clase trabajadora. El nivel de empleo era muy bajo, los sindicatos fueron destruidos y la inequidad entre la clase trabajadora y los Ceos se volvió enorme. –En ese contexto, se evidencia que gran parte de la población carcelaria en Argentina son personas pobres. ¿Cómo se caracteriza la situación en Europa y en Estados Unidos?
–Es cierto que, en todas partes, el sistema penal focaliza en las personas pobres. Pero no lo es que todos los crímenes sean cometidos por personas pobres. Hay muchos crímenes cometidos por corporaciones, por personas poderosas. Los gobiernos, la policía, la justicia tienden a no prestar atención a los casos de crímenes cometidos por los poderosos, sino más bien a enfocarse en los crímenes cometidos por personas pobres. Hay dos motivos para entenderlo: por un lado, el establishment, la autoridad, prefiere privilegiar antes que castigar. Y la otra razón es que los crímenes de los poderosos no se cometen en las calles. No tienen esa visibilidad, como el robo, o los asesinatos, que ocurren en las calles, sino explotando a los trabajadores, o con maniobras de corrupción que son en alguna medida menos visibles. Por estos motivos, el sistema penal y el carcelario están enfocados en las personas pobres.
–Una situación diferente a la del estado de bienestar donde la población ha podido acceder a tener empleo y equidad.
–Si mirás comparativamente la situación en diferentes países, los países que tienen más desarrollado el modelo de estado de bienestar, donde hay seguridad social, trabajo, educación, tienen menores niveles de violencia y menores niveles de condena. Pero si mirás los países donde este modelo está menos desarrollado, donde hay inseguridad social, tienen mayores niveles de violencia, así como mayores condenas. Si se comparan los países ricos, en un extremo está Estados Unidos, con altos niveles de homicidio y condenas y bajas condiciones de seguridad social, y en otro extremo se ubican Noruega, Suiza, Dinamarca, con un modelo de estado de bienestar altamente desarrollado con bajos niveles de homicidio y penas. Y en el medio, se ubican Alemania y los Países Bajos. Es clarísimo que en aquellos países donde existen estados de bienestar fuer-
tes, con baja inequidad y alta seguridad social, hay menos crímenes y castigos. Pero la realidad es que los estados de bienestar, para ser efectivos, necesitan tiempo. Si se busca el desarrollo de las familias, la socialización de las personas para que puedan desenvolverse en el mundo laboral de manera efectiva, entre otras cuestiones, se requiere tiempo. Es un proceso largo, no se trata de apretar un botón y que los niveles de violencia y de criminalidad bajen automáticamente, es un proceso.
–¿Qué relación se puede establecer entre el sistema político y el sistema penal?
–En los países donde el porcentaje de crímenes es bajo, la pregunta por el sistema penal y las condenas es un tema específico.
La manera en que lidian con la criminalidad es diseñada por la ideología y la filosofía de las autoridades competentes. Así es en los Países Bajos, en Suecia y en Noruega. En estos casos, el sistema penal tiene muy poca relación con la economía y el modelo del sistema penal está diseñado por expertos y profesionales en la materia. Entonces, el sistema penal está separado de lo que ocurre en la economía o en la política. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es masiva la población en cárceles y esto tiene un impacto directo en la economía. En estos casos hay una relación directa, porque el sistema penal está alineado con el mercado y opera como tal y de ese modo, parte de la función del capitalismo de mercado es criminalizar a esta masa desempleada. Pero esa relación entre el mercado y la criminalidad no existe de la misma manera en otras sociedades donde el crimen es un asunto menor y la decisión de cómo castigar a las personas se toma desde otra ideología. Por ejemplo, en los países escandinavos tratan a los prisioneros como ciudadanos normales y las condiciones de prisión son las de tener una vida normal, asegurarse de que estén educados, preparados para conseguir un trabajo, etcétera. Esa no es la política en los Estados Unidos.
–¿Qué lectura se puede hacer sobre la justicia patriarcal tomando como ejemplo la rápida sentencia que tuvo Nahir Galarza, la joven argentina que fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio?
–Es una interesante pero difícil pregunta. Históricamente, la justicia penal y las sentencias han sido delineadas por ideologías conservadoras, patriarcales. Pero, de hecho, irónicamente, en el pasado, las mujeres eran beneficiadas frente al sistema patriarcal. Si una mujer era sentenciada, se tenía en cuenta si era madre o si estaba en peligro por el hecho de ser mujer. En estos casos, las condenas eran más bajas porque se amoldaban a un modelo familiar, de protección. Hoy en día, dos cosas cambiaron: el impacto del feminismo en las perspectivas de género y la otra cuestión, más importante aún, en el sistema legal, es la condena obligatoria. Esto es, cuando no se cuestiona la pena, cuando la pena debe cumplirse. Desde entonces, el número de mujeres presas en Estados Unidos ha aumentado significativamente. En particular, las mujeres negras. El motivo es que las sentencias no se cuestionan. Ya no se considera bajar las condenas ante estos hechos como sí se hizo en otro momento. Y las políticas de violencia de género han cambiado muchísimo en los últimos 20 años, básicamente porque se les dio la importancia que tienen en el proceso judicial. Aquí es donde se ve cómo el movimiento de mujeres ha logrado un cambio en la manera en la que se interviene judicialmente en estos casos, pero siempre va a ser problemático porque la relación de poder sigue siendo desigual entre varones y mujeres. ¿Cómo debe reaccionar el sistema penal frente al movimiento? ¿Debe haber menos penas, debe tomar partida? Estas son las preguntas para la justicia. El sistema estadounidense ha ignorado estas preguntas y ha continuado con penas obligatorias. Más allá de cómo resuelvan los jueces, donde sea que suceda, hay preguntas de orden político que requieren de respuestas sobre el accionar de la justicia en estos casos. –¿Y qué opinión guarda en relación con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior? –Siempre que la seguridad interna y la acción policial queda en manos de los militares, se crea una nueva dinámica, una nueva situación, y no es una situación en la cual la comunidad, los ciudadanos y la policía comunitaria se organizan de manera democrática. En los casos, como el de Inglaterra o el de Estados Unidos, en los que se ha llamado a las Fuerzas Armadas para la disrupción interna, el resultado ha sido casi la guerra civil: hombres con trajes militares que reciben órdenes de sus comandantes, con una estructura jerárquica que se convierte en una máquina de pelear. Es muy diferente a la policía comunitaria, democrática, que implica que la distancia entre la comunidad y las autoridades sea muy estrecha. Es un desastre cuando las fuerzas militares intervienen en este tipo de ordenamientos, como ocurrió en las dictaduras militares de América del Sur. Pero, aun en Estados Unidos o Inglaterra, que no tuvieron dictaduras, la militarización de la seguridad interna ha sido un problema enorme porque la acción policial depende de tener buen intercambio con la ciudadanía, de que los ciudadanos puedan colaborar con la policía, aportar evidencias, apoyar las acciones policiales para la seguridad interior de todos, prevenir el crimen; en suma, la sociedad civil y las organizaciones trabajando de manera autónoma con la policía para mantener la seguridad. Pero esto no sucede cuando la policía es militarizada y se ocupa el territorio. La militarización cristaliza la división entre el Estado y los ciudadanos. Y justamente, eso es lo que la seguridad interna no debe hacer. Se trata de fomentar la gestión local de la seguridad donde sea el ciudadano el que pueda dar cuenta de lo que sucede y que haya un cuidado mutuo.