Congelar La Habana para neutralizar el calor de las protestas
Panorama. El régimen cubano se blinda en las calles contra interpelaciones de la ciudadanía, aunque en el fondo saben que esas protestas populares sucederán e incluso no descartan la posibilidad de verse empujados a escapar.
De todas las dictaduras de la historia de Cuba, las de los Castro –un hermano sucediendo al otro–, han sido las menos edificadoras. Hasta para sus sedes de gobierno han preferido vivir del patrimonio prerrevolucionario. Aunque si en algo han descollado en el campo de la arquitectura y el urbanismo es en la inauguración de prisiones, el establecimiento de zonas militares más o menos secretas y la promulgación de zonas congeladas.
En la terminología del régimen castrista, esas “zonas congeladas” constituyen calles y barrios altamente vigilados o, de paso, prohibidos, en los cuales reside la nomenclatura. No entran en ese cómputo (y deberían entrar) los hoteles y cayos vetados a los cubanos de a pie, así como las aguas territoriales de navegación prohibida. Y ahora, un acuerdo del Consejo de Ministros acaba de crear en La Habana nuevos congelamientos.
Parece ser que la nomenclatura necesita mayor protección. No solo por miedo, sino para el cultivo de sus ambiciones. El castrismo muta a burguesía desacomplejada y sueña con un mundo donde sus descendientes no tengan que avergonzarse de sus riquezas. No hay más que ver lo ocurrido hace un par de semanas a un nieto de Fidel Castro, que alardeó de su nivel de vida al volante de un Mercedes Benz. Su alarde fue protestado multitudinariamente en las redes sociales y dos de sus parientes se vieron en la necesidad de hacerle reproches. El nieto del dictador se desdijo entonces, con la excusa de que el carro no era suyo. Pues bien, el congelamiento de las mejores zonas residenciales evitará a cualquier Castro protestas semejantes a nivel de calle y le garantizará no tener que bajarse del Mercedes, sea o no propiedad suya.
Sin embargo, lo verdaderamente inédito del reciente acuerdo es la protección de sedes ministeriales y la congelación de grandes avenidas que atraviesan la ciudad y, muy especialmente, de la autopista que conduce al aeropuerto. El resguardo de ministerios resulta explicable a la luz de varios episodios de los últimos meses: grupos de ciudadanos plantados con sus exigencias ante las sedes oficiales, pidiendo dialogar con las autoridades y transmitiendo con sus teléfonos. Unas movilizaciones peligrosísimas para un régimen que vive de no ser interpelado.
Los integrantes del 27-N (llamado así por la fecha de su primera movilización, jóvenes artistas y activistas culturales) se concentraron a la entrada del Ministerio de Cultura y llegaron a recibir un ataque físico del propio ministro y dos viceministros. Por su parte, un grupo de animalistas exigió ante el Ministerio de Agricultura la aprobación de una postergada Ley de Protección Animal. A varios de ellos, como respuesta, les envenenaron luego sus mascotas. Porque un régimen cuyo ministro de Cultura entiende como diálogo la violencia física no tiene a menos que sus esbirros envenenen animales.
El nuevo acuerdo del Consejo de Ministros desactiva intentos como los de estos grupos de la sociedad civil. Ahora, para plantarse delante de una sede oficial, será imprescindible un permiso del ministerio de los ministerios, el del Interior. Lo cual quiere decir que nada de permiso. Las autoridades se estarán congratulando de que la ciudadanía tenga que conformarse con la vía dispuesta mediante representación en la Asamblea Nacional. Que se las arreglen como puedan por ese camino tapiado, dirán.
El nuevo acuerdo ministerial opera en conjunto con las disposiciones económicas contenidas en la llamada Tarea Ordenamiento, también de implantación reciente. La Tarea Ordenamiento supone el fin del igualitarismo social. El castrismo muta a burguesía desacomplejada y terminan todas las contemplaciones que tuvo con la gente. Se desembarazan de las viejas coartadas de humanismo revolucionario, que les pesan ya más de lo que les sirven. A las puertas tienen un congreso de su partido único, tienen por delante una crisis sucesoria (incluso la sucesión entre los hermanos Castro ocurrió como crisis), y tendrán que vacunar contra el Covid-19 a la población, y perderán con ello la preciosa excusa epidemiológica de estos últimos tiempos. Los ciudadanos quedan desprotegidos, se les niega cualquier salvación de emprendimiento propio y lo que sobrevenga en descontento general constituirá trabajo para las fuerzas del Ministerio del Interior, garantes del congelamiento de La Habana.
El castrismo congela La Habana porque no puede congelar las redes sociales. Controla los precios, controla el cambio del dólar, controla las aduanas, pero es incapaz de controlar internet. Y si bien ETECSA, monopolio estatal telefónico, se encarga de producir apagones de vez en cuando, esas no son más que salidas puntuales del atolladero. La desobediencia ciudadana es convocada a través de las redes sociales y, ante la imposibilidad de cortar Internet, es preciso bloquear el acceso a las sedes gubernamentales. Enfriar hasta el congelamiento a buena parte de La Habana, aunque queden pendientes unos barrios populares que, de llegar el caso, habrá que controlar bajo toque de queda. Toque de queda militar, no ya epidemiológico.
De ahí la necesidad de congelar las avenidas que cruzan la capital, así como la autopista al aeropuerto. Unas congelaciones que significan vía libre para las más pesadas fuerzas militares y también, por remoto que parezca, una segura pista en caso de retirada y escape. Esta última posibilidad parece demasiado fantasiosa, aunque no importa cuán fantástica sea la hipótesis con que se sueñe para su fin, el régimen cubano contempla eventualidades peores en sus planes de contingencia. No deja nada al azar histórico: es una dictadura que empezó como revolución.
El nuevo acuerdo del Consejo de Ministros de la República de Cuba cumple con el doble propósito del urbanismo revolucionario de arrebatarle a la población el derecho a la ciudad y el derecho a la protesta. Con esas disposiciones, las avenidas habaneras quedan habilitadas para un despliegue de artillería estilo Tiananmen y se confirma una salida de emergencia similar a las utilizadas por Machado y Batista, dictadores anteriores. El viejo régimen revolucionario cubano se blinda contra interpelaciones molestas. No descarta la inminencia de protestas populares y se dispone a enfrentarlas contundentemente. Tampoco descarta la opción de salir de ahí echando. Y es que todo empieza a mutar en La Habana. En La Habana y en los habaneros.
Antonio José Ponte Mirabal (Cuba, 1964) es ensayista, narrador y poeta. En 2003, fue expulsado de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba por sus ideas contrarias al régimen castrista. Reside en Madrid desde 2007. Es director de la publicación digital Diario de Cuba.