Un trámite que llega a la Corte
El secretario de Justicia cree que la Cámara alta se “entrometió” con otro poder.
El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, alertó sobre la decisión del Senado de pedirle al juez Carlos Leiva que archive la investigación al senador Armando Traferri, encomendarle a la vicegobernadora Alejandra Rodenas que se presente ante el magistrado con patrocinio letrado para que la Cámara sea “tenida como parte en el proceso judicial” y crear una comisión que investigue a los fiscales, entre ellos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que investigan a Traferri. “Es una intromisión directa de un poder en la esfera de competencia de otro poder”, dijo Somaglia, al ratificar que el gobierno de Omar Perotti está en contra del cierre de la causa que investiga el juego clandestino. “En lugar de colaborar con la investigación de hechos delictivos, el Senado pide el archivo de un causa tan sensible como ésta que arrastra situaciones de criminalidad y narcotráfico. Flaco favor le hace a la ciudadanía que se archiven causas de esa naturaleza”, planteó.
Somaglia analizó la resolución del Senado que tiene seis artículos. El 2º le “hace saber al juez (Leiva) que, de acuerdo al resultado de la votación del 17 de diciembre de 2020, no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Traferri. Y el 4º faculta a Rodenas como presidenta de la Cámara de Senadores para que, con el patrocinio letrado que ella designe, proceda a interponer ante el Juzgado actuante la presente resolución, a fin de ser tenida como parte en el proceso”.
–¿Qué opina del articulo 4º?
–le preguntó RosarioI12.
–Legalmente Rodenas carece de legitimación procesal. Una Cámara legislativa no tiene personalidad jurídica. El representante del Estado siempre es el Poder Ejecutivo, ergo de los tres poderes. Por eso, cuando hay juicios derivados del quehacer judicial o legislativo, se demanda a la provincia y defiende el fiscal de Estado.
Acerca del pedido del Senado al juez para que archive la investigación a Traferri, Somaglia coincidió que “desde el punto de vista legal, es una situación que no se ajusta a derecho”. “Desde el punto de vista político, también es negativo. Que el Senado pretenda cerrar una causa que investiga el juego clandestino, que arrastra situaciones vinculadas a la criminalidad y el narcotráfico es inconveniente”, apuntó.
El planteo del Senado de que la investigación a Traferri debe archivarse porque –a juicio de los senadores– “las pruebas reunidas no son suficientes, es una
equivocación”, advirtió. “El poder competente para resolver si las pruebas son conducentes es el Poder Judicial, no los legisladores”.
–¿Que quieren los senadores? ¿Ganar tiempo? –le preguntaron.
–En el proceso penal en el que fiscal investiga y la defensa defiende, cada uno tiene sus propias estrategias. Sería irrisorio pensar que los fiscales que investigan sólo tienen las pruebas que en su momento exhibieron en el Senado –respondió Somaglia al dar a entender que podrían haber más evidencias que se mantienen en reserva hasta tanto los fiscales puedan imputar a Traferri.
“El Senado lesiona el sentir político frente a la comunidad”, señaló el funcionario. “Cuando la ciudadanía lee que un senador investigado se niega a declarar ante un juez competente, lo que genera es que la población desconfíe”.
“Los funcionarios públicos debemos ser los primeros en dar el ejemplo para ser investigados, y no ampararnos en privilegios” como los fueros, consideró.
Somaglia cree que la acción de los fiscales Schiappa Pietra y Edery para remover el obstáculo que les impide imputar a Traferri terminará en la Corte Suprema de Justicia. “La Corte analizará el caso. Los fiscales han solicitado (al juez que) declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que impide imputar al senador. Esa norma debe ser congruente con la Constitución Nacional que habilitó la investigación de hasta una ex presidenta de la República, que está sometida a proceso. Entonces, lo único que se pretende es cumplir con ese precepto nacional. A nivel nacional, los legisladores pueden ser investigados, pero en Santa Fe pueden negarse a someterse a proceso. Esta es la disputa. Y seguramente, la Corte definirá esta cuestión y pondrá blanco sobre negro. Lo triste de todo esto es que llevará tiempo”, concluyó.